Proyecto de reglamentación de los mecanismos de ingreso de tropas extranjeras y egreso de argentinas. El proyecto lo envió Duhalde y lo trabajaron los legisladores del PJ y de la UCR. Como resultado de las presiones de Bush, Kirchner exigió su tratamiento y aprobación. En Octubre las Comisiones de RR.EE. y de Defensa con el voto unánime deL PJ y de la UCR, del ARI, de los partidos provinciales salió dictamen de comisión. Dentro del plazo reglamentario nuestro bloque lo impugnó. Fuimos los únicos. Ningún bloque o diputado individualmente observó el proyecto. De no haber sido por Autodeterminación y Libertad el proyecto se hubiera tratado sin lo que se llama disidencias u observaciones, sin debate o sea clandestinamente. Nuestra observación logró que se postergara el tratamiento hasta que cuando viajó el ministro de Defensa Pampurro a EE.UU. en diciembre Powell exigió que Argentina aprobara ese proyecto. A los pocos días se puso en el temario (sesión del 17 de diciembre) y se aprobó.

Sr. Zamora.: como autor de la única observación presentada a este proyecto, y habiendo adelantado por escrito que iba a ampliar mi posición en el recinto, no puedo dejar de hacer referencia a las palabras del miembro informante, en cuanto ha justificado la presentación de este proyecto en las dificultades de combinar la realización de operativos que se tornan cada vez más periódicos y la exigencia constitucional de que el Congreso Nacional los autorice.
Resulta evidente que esto se refiere a que los últimos titulares que ocuparon el Poder Ejecutivo violaron la Constitución Nacional y, por lo tanto, el Código Penal, al autorizar el ingreso de tropas extranjeras para realizar operativos en el país, facultad que le estaba específicamente negada a ese poder del Estado.
Esto motivó ?como todos los señores diputados saben porque lo he informado varias veces a la Cámara y por escrito? que yo realizara denuncias penales contra los doctores de la Rúa y Duhalde, y últimamente contra el doctor Kirchner, por haber autorizado el operativo UNITAS sin que el Congreso lo hubiera aprobado, cosa que hizo bastante tiempo después.
Uno se pregunta cuál es el problema que se plantea: es la comisión de un delito por parte del Poder Ejecutivo. No se trata de que repentinamente hayan surgido circunstancias que hacen imprescindible autorizar la realización de algún tipo de operativo con tropas extranjeras y que no existe tiempo para solicitar la autorización al Congreso y por ello el Poder Ejecutivo no puede cumplir una exigencia constitucional, precisamente porque ella no está “acorde con los tiempos”, como dicen quienes defienden este proyecto.
El delito cometido por el presidente Kirchner seguramente es la violación de los deberes de funcionario público al autorizar la realización del operativo UNITAS, el cual se viene llevando a cabo desde hace treinta años y con una fecha ya fijada. El presidente Kirchner ?o si él lo ignora, los ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores? sabe que el operativo UNITAS tenía que realizarse en determinada fecha, y hasta puede saber la fecha en que se va a realizar en los próximos treinta años, ya que lo mismo viene sucediendo desde la década del sesenta.
De manera que no se verifica ninguno de los motivos aducidos por el señor miembro informante. Lo que hubo fue un desconocimiento liso y llano provocado por el hábito de la impunidad, como lo dijo el doctor Jaunarena en el Congreso. Esto ya lo he señalado en la Cámara en su composición anterior, pero lo repito ahora porque ha habido una renovación de la mitad de sus miembros. Él reconoció que era un hábito violar la Constitución en esta materia.
Ante esta violación, ¿a qué se recurre? Cuando se viola la Constitución y se comete un delito, debe presentarse la denuncia penal, que es lo que yo hice, y no ver cómo se le facilita al violador para que siga cometiendo la misma acción y que ésta ya no sea tipificada como un delito. Para ello existe otro camino, que es convocar a una convención constituyente que modifique en todo o en parte el artículo 75, inciso 28 de la Constitución Nacional, de acuerdo con la numeración establecida luego de la reforma de 1994, quitándosele al Congreso esa facultad y atribuyéndosela al Poder Ejecutivo.
Por lo tanto, la pregunta es: ¿por qué se reclama la sanción de este proyecto? El Poder Ejecutivo no necesita que se le esté diciendo todo lo que tiene que hacer; ya lo sabe. La Constitución es contundente, clara y precisa; ya se ha leído el artículo respectivo; el Congreso es el único poder del Estado que puede autorizar la salida de tropas nacionales al exterior y autorizar el ingreso de tropas extranjeras a la Argentina. Esto es terminante y así lo tiene que cumplir el Poder Ejecutivo y exigir que se cumpla.
Ahora bien, desde el punto de vista institucional este proyecto de ley es claramente inconstitucional. Es contrario a la Constitución porque se está haciendo una reforma de ésta mediante una ley. Antes lo hacían de hecho, ignorando al Congreso; o bien enviaban el proyecto un día antes, o con tres o cuatro meses de antelación pero el Congreso no se expedía e igualmente se hacía el operativo. Pero ahora se pretende violar la Constitución por medio de una ley que en derecho se conoce como inconstitucional, porque por medio de ésta se propicia una delegación de facultades que el Congreso no puede hacer.
En el marco de querer mostrarla como una ley para facilitar que el Poder Ejecutivo cumpla con la Constitución, se le abren las puertas a excepciones en las cuales no tiene que cumplirla. Para esto es el proyecto. Seguramente esto abrirá en el futuro nuevas excepciones, incluyendo lo que el señor presidente de la Honorable Cámara se encargó de especificar, para lograr una mayor adhesión a la aprobación de esta iniciativa, respecto de que no está contemplada la inmunidad. Quizás algunos no sepan que el proyecto que dio lugar a este que se está discutiendo, que fue mandado por Duhalde y firmado por Atanasof -cuando era jefe de Gabinete de Ministros?, Jaunarena, Lavagna –que sigue estando en el Poder Ejecutivo- y Ruckauf, sí contemplaba la inmunidad.
Los escándalos que se armaron especialmente en Mendoza y San Luis con el Águila III llevaron a Kirchner a retroceder y no avalar dicho proyecto. Todos sabemos que mandó a Bielsa y a Pampuro a defenderlo en esta Cámara y a decir que en todo caso se hacía igual; y no sólo no se hizo el Águila III sino que logramos hacerlos retroceder en esa política de inmunidad, pero coyunturalmente ya que EE.UU. seguirá insistiendo con el tema.
Esto abre un precedente de una delegación de poderes reducida, enmascarada y encubierta, y lo dijo el señor miembro informante, pero lo dejó pasar como una cuestión de control al Poder Ejecutivo más que de limitar las facultades del Congreso. Yo pregunto si en estos más de 150 años de vigencia de la Constitución, alguna vez se discutió en el Congreso que se la estaba violando porque no se había autorizado la visita de un general o su participación en un desfile o acto protocolar. No tiene seriedad que se nos pretenda decir que las excepciones que se contemplan se relacionan con facultades que no son exclusivas del Congreso. En este sentido, el proyecto en uno de sus artículos se refiere a razones de ceremonial.
Por otro lado, se habla de emergencias ocasionadas por catástrofes naturales. Los incisos c) y d) son los más preocupantes. Se dice que el Poder Ejecutivo podrá tomar la decisión por sí, cuando se trate de operaciones de búsqueda y rescate para salvaguarda de la vida humana. Esto es muy amplio. ¿Ustedes saben el criterio que tiene Bush para salvaguardar la vida humana? El cree que asesinando iraquíes se salvaguarda la vida humana, y esto lo sabemos todos, lo sabe todo el mundo. Cualquier persona sabe que el criterio de Bush para salvaguardar la vida humana consiste en asesinar a todos los que tienen posiciones contrarias a las que consideran los intereses imperialistas del país que preside. Este no es el discurso de un Bush exaltado, es una doctrina que data de 20 años y que es llevada adelante e instrumentada por el Congreso norteamericano y el presidente de los Estados Unidos; el principal Estado terrorista del mundo, según la feliz definición de Noam Chomsky, uno de los intelectuales más dignos de la humanidad, de origen norteamericano, y que tuvo el coraje de decir estas cosas en el propio país donde reside y donde se cometen estas tropelías.
De manera que esto de “…operaciones de búsqueda y rescate para salvaguardar la vida humana” da lugar a cualquier cosa. Se me dirá que el Congreso va a reexaminar lo que haga el Poder Ejecutivo pero, ¿cómo lo hizo antes? Recordemos que no podía ingresar ningún soldado para ninguna operación de las características de las que estamos hablando, y sin embargo entraban, y el Congreso nunca hizo nada. Es más, convalidó después, como actúa un encubridor, porque quien borra las huellas de un delito comete el delito de encubrimiento. Cuando el Poder Ejecutivo autorizaba a entrar, ejerciendo facultades que no tenía ?violando los deberes del funcionario público-, tres meses después de que las tropas norteamericanas estaban vaya a saber en dónde cometiendo tropelías, el Congreso convalidaba el ingreso de quienes ya habían egresado. Eso es intentar borrar huellas. Para mí, este es el origen.
¿Por qué se está con la costumbre de delegar poderes? Son conocidas las tendencias personales del presidente Kirchner hacia el autoritarismo; sobre todo son muy conocidas en Santa Cruz. Por algo perdió las elecciones en Río Gallegos, en la ciudad en que mejor lo conocen. De todas formas, esa tendencia al autoritarismo no explica esta exigencia de delegación.
Se delegaron facultades importantísimas en ocasión de la prórroga de la ley de emergencia; y en oportunidad de la sanción de la ley de presupuesto se delegaron en el jefe de Gabinete atribuciones también importantísimas como nunca antes se lo había hecho, ni siquiera respecto de los superpoderes de Cavallo.
En el caso que hoy nos ocupa también se delegan facultades, pero esto tiene que ver -creo yo- no con la tendencia autoritaria de Kirchner ?en todo caso una cosa se combina con la otra? sino con el mundo en el que estamos viviendo, pero eso no se dice.
¿Por qué hay tanta cantidad de operativos en América latina? ¿Por qué constantemente Estados Unidos viene a la Argentina, a Chile y a otros países de América del Sur, así como también a países de América Central y de América del Norte, como México?
Hace varios años el diario “Clarín” informaba acerca de una fuerte presencia militar en Latinoamérica. Del texto del artículo surge que en 1997 en América latina ya había sesenta mil soldados de Washington. Ahora estaremos cerca de los cien mil, más los que entran y salen gracias a las violaciones cometidas por presidentes como de la Rúa, Duhalde, Kirchner y otros, en Latinoamérica.
En ese artículo también se informaba, como dato complementario -este es un estudio de sesenta y cuatro organizaciones no gubernamentales de los Estados Unidos-, que en un rubro del presupuesto norteamericano -rubro conocido como Sección 1.004- se permite que los militares norteamericanos entrenen y equipen a los ejércitos y policías de la región latinoamericana sin que existan restricciones sobre los derechos humanos o exigencias de informar al Congreso. Por lo tanto, son clandestinos en los Estados Unidos y en la Argentina, porque acá no se informa tampoco.
¿Quién va a evaluar que esto es para salvaguardar la vida humana? Será una polémica. Por supuesto, el Congreso lo hará después que finalice el operativo.
Existe una excepción más seria todavía. El artículo 8° dice que en caso de circunstancias excepcionales que impidan el cumplimiento de los plazos establecidos en los artículos anteriores, el Poder Ejecutivo enviará el proyecto de ley con la mayor antelación posible. Sonamos: le estamos diciendo que lo que antes hizo irregularmente ahora podrá hacerlo de manera regular.
Pienso que eso es evidente. Lo que me preocupa es que en vez de defender esa postura con claridad y tener coraje político para decir explícitamente lo que piensan, la encubren porque saben que esto no tiene consenso en la población, pues la única justificación es una presencia represiva imperial de los Estados Unidos sobre América latina. Ello, para hacer lo que hace pocos días hicieron en Bolivia: los servicios de inteligencia norteamericanos dirigieron la represión del ejército boliviano para mantener a Sánchez de Lozada. Esto lo sabemos porque está en todos los diarios y no porque tengamos acceso a información especializada. Los servicios norteamericanos dirigieron al ejército boliviano que masacró a campesinos e indígenas. Perdieron la pelea porque finalmente fueron derrotados.
Lo que quiero decir es que para eso se entrenan los militares argentinos; para eso son el UNITAS III y el Aguila III. No se trata de operaciones de paz. Jaunarena dijo acá que esto era para defender la paz frente a las amenazas crecientes que tiene nuestra región. ¿Cuáles son las amenazas crecientes que tiene nuestra región? Que nosotros sepamos, como región, América latina no ha estado en guerra en las últimas décadas, a excepción de la reivindicación legítima de Malvinas. Nos debe enorgullecer que América latina lo haya tomado como causa propia más allá de la canalla dictadura militar que dirigió el conflicto y que no sólo hizo una aventura militar sino que encima se negó a recibir la solidaridad americana que podría haber planteado con fuerza nuestro derecho soberano.
Es decir en ese caso, Malvinas, hubo una amenaza del socio más estrecho que tiene Estados Unidos, que es la Gran Bretaña y con el apoyo norteamericano. Así que me parece que este proyecto no está pensado para esto.
Por otra parte, el artículo 76 de la Constitución Nacional establece claramente las limitaciones para eventuales delegaciones. Me estoy refiriendo al nuevo artículo 76, al cual debe hacerse confundir con el artículo 75 inciso 28.
El miembro informante de la mayoría hablaba de las facultades concurrentes, pero en realidad estaba mezclando cosas que no tienen nada que ver, referidas a la política exterior y a la política de defensa.
– Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, don Eduardo Oscar Camaño.
Sr. Zamora.- El artículo 76 prevé excepciones y esta no está prevista, justamente porque dice que sólo se pueden delegar en materia de administración o de emergencia pública. Alguien podrá decir que esto puede ser emergencia pública, pero la emergencia pública debe ser fijada con un plazo. Porque ante una catástrofe o un terremoto, al Poder Ejecutivo se le pueden dar facultades de decisiones normativas, que podría tomar el Congreso habitualmente, o sea, que no tiene nada que ver con lo que hablábamos, pero sí tiene que ver en que no hay más excepciones a la delegación de facultades.
Los artículos 6° y 8° claramente tachan de inconstitucional el conjunto de la ley. Se ha dicho que este texto ha surgido del consenso, y en los antecedentes del proyecto se dice que se ha logrado este consenso porque se tomó el tema como una política de Estado.
Resulta interesante la manera en que ustedes, la dirigencia política, que tiene la mayoría en las Cámaras y en la gestión institucional, entienden la política de Estado. Para ustedes la política de Estado es lograr consenso entre ustedes. Se supone que la política de Estado se refiere a los problemas graves que existen y que exigen una participación de la población y que tienen que ver con la resolución de los problemas más graves, y con la decisión política de llevar adelante respuestas a esos problemas.
Si ustedes escuchan bien, la solución y el consenso se logró en una Comisión de Defensa y eventualmente podríamos hablar de la Comisión de Relaciones Exteriores. Quiere decir que encerrados entre cuatro paredes se tratan políticas de Estado. La gente iluminada, los únicos que pueden opinar sobre problemas importantes, se enorgullecen de que en un año discutiendo entre cuatro paredes lograron el consenso en una política de Estado. La elite iluminada, la única que puede opinar sobre los problemas importantes, resuelve una cuestión tan importante como esta. Para ellos, con esa metodología, hay que enorgullecerse de que tengamos un proyecto que dé respuestas a una política de Estado.
Sobre esta cuestión debió realizarse un debate nacional, porque tropas norteamericanas están periódicamente realizando ejercicios en la Argentina. No se trata de la excepción de un año, por alguna razón que pueda ser atendible –para mí no hay razones que lo justifiquen? sino de algo que se ha venido acentuando y que con este proyecto se reconoce cada vez más creciente.
¿Alguien puede creer que los Estados Unidos traerán tropas a nuestro país para proteger los derechos democráticos de nuestro pueblo, o de la región latinoamericana, o de la patria grande como podemos denominarla?
Entonces, aquí, dado que la mayor parte de los ejercicios son realizados con presencia norteamericana o con decisión norteamericana, la realidad es que esta cuestión tiene que ver con la decisión del presidente Bush, quien el 20 de septiembre de 2001 dijo que cada país o cada región del mundo debe tomar una decisión: o está con nosotros o está en contra nuestra, es decir, con los terroristas; o está con Estados Unidos o está con el mal.
Y ahora, cuando llega la última sesión del año, casi sobre las fiestas, entre la sidra y el pan dulce, nos presentan la necesidad de aprobar este proyecto, que debió tratarse en octubre. Lo hacen para que en realidad nadie pueda hablar de esto, para que se tratase entre muchos proyectos: les da vergüenza enfrentar a la población con su posición. Por eso se incluye este tema sin que tengamos ningún tipo de posibilidades de debatirlo. Estos son los motivos por los cuales el bloque Autodeterminación y Libertad adelanta su voto por la negativa.
El señor miembro informante manifestó que la autorización de declaración de guerra es una facultad indiscutible del Congreso, y agregó que esto no tiene vinculación con un accionar bélico. Se equivocó. El miembro informante ignora el origen de esta cláusula constitucional. Justamente, el constituyente incluyó esta cláusula entre las facultades del Congreso y no del Poder Ejecutivo por el tema del paso de tropas extranjeras a través del territorio argentino que estaban en guerra con un tercer país. Entonces, para no involucrar a la Argentina en una guerra de la que sentía que no tenía que ser parte, se exigió que fuera el Congreso quien en adelante autorizara cualquier ingreso de tropas de otro país. El constituyente entendió que éste es el ámbito en el que trascienden públicamente los debates, lo cual permitiría adoptar la mejor posición frente a determinadas acciones que podían llevarnos involuntariamente a involucrarnos en una guerra.
De eso es de lo que hoy estamos hablando, porque Estados Unidos le declaró la guerra a la humanidad a partir de la doctrina de guerra preventiva y del desconocimiento de las organizaciones multilaterales, como Naciones Unidas, en las que con el veto pueden decidir y deshacer, como siempre lo han hecho. Estados Unidos ha desconocido los tratados internacionales, el tratado de Roma y el tratado de la Corte Penal Internacional. De ahí los reclamos de inmunidad y los tratados con cincuenta países a fin de obtener inmunidad para sus tropas.
Esta es la gravedad de lo que estamos discutiendo. Con esta iniciativa se pretende facilitar la alineación con el gobierno norteamericano que está poniendo de manifiesto el gobierno de Kirchner, continuando la de los gobiernos anteriores. Por eso cuando el ministro Pampuro visitó Estados Unidos la semana pasada, los encargados de Defensa de Norteamérica le dijeron que la ayuda económica –lamentablemente perdimos la posibilidad de brindarles un aplauso cuando nos enteramos que nos están ayudando económicamente y no robando económicamente- va acompañada de una política militar. Con esto le están queriendo decir que Argentina se tiene que dejar de “jorobar” con el tema de la inmunidad. Evidentemente, estamos frente a una extorsión, y con la aprobación de este proyecto se la está aceptando. No es casual que esto se someta a la consideración de la Cámara en el día de hoy, a una semana del viaje del ministro Pampuro a Estados Unidos. Y el tema de la inmunidad se introduce ya que lo prevé el proyecto en el Anexo, apartado e).
Por estas razones rechazamos el proyecto con toda nuestra indignación. Rechazamos también la actitud antidemocrática de votar esta iniciativa ante el desconocimiento del pueblo argentino. Como todo se ha hecho en forma clandestina, ni siquiera tenemos conocimiento de que entran las tropas y para qué lo hacen. Aquí está en juego la defensa de la soberanía popular, de la soberanía nacional y de los intereses de América Latina. Por eso rechazamos con todas nuestras fuerzas el proyecto en tratamiento.