LA MÁSCARA ECLESIÁSTICA
* Por Marta Martinez, integrante de Autodeterminación y Libertad
En la visita a Chile se esperaba que Bergoglio (auto-nombrado Francisco), representante máximo de la Iglesia Católica, pidiera “perdón” por los obispos abusadores del país vecino y, al haber estado en su discurso, muchos medios lo recogieron como un gran acto del Papa -que califican como el más cercano a la gente- quien además se reunió con las víctimas, por 30 minutos. Sin embargo esto no es más que una máscara que busca lavar la cara de una Iglesia que va perdiendo cada vez más feligreses en el país vecino y que quiere mostrar una cara renovada, más atenta a los procesos sociales relacionados con las mujeres y la pobreza. Según un estudio de Latinobarómetro en el año 1995 los católicos en Chile representaban el 75% y en 2017 descendieron a 45% y ello además se vio agudizado por las denuncias sobre abuso, desde 2011 bajó drásticamente la “confianza en la Iglesia” según la misma consultora. Pero haber pedido perdón en el discurso de ayer vino de la mano de algo que el Vaticano se vio obligado a hacer en el año 2011 cuando las denuncias al sacerdote Fernando Karadima hicieron que se lo mandara a “una vida de oración y penitencia” en un convento, mientras que al mismo tiempo que se pedía perdón estaba presente el obispo de Osorno, Juan Barros, quien está acusado de ser el encubridor de Karadima. Barros no solamente participó de las misas sino que mantuvo una reunión con Bergoglio quien dijo “No hay una sola prueba en contra, todo es calumnia”, realizando una clara defensa y apoyo al obispo.
Este no es un caso aislado ni en Chile, ni en la región ni en el mundo. Según un estudio de la ONG Bishop Accountability, presentado el primer miércoles de este año, se identificaron en Chile 78 clérigos que han sido denunciados públicamente por abuso de menores. El informe de esta ONG toma en cuenta investigaciones periodísticas, documentos legales e información jurídica contabilizadas desde el año 2000. La misma ONG refleja una investigación para el caso argentino sobre los últimos 20 años con 70 casos identificados. En nuestro país uno de los últimos casos conocidos fue el de las aberraciones producidas en el Instituto Próvolo para niñas y niños sordomudos en el 2016 donde, entre otros responsables, asistía un religioso que había sido trasladado del mismo instituto en Italia luego de que se conociera la denuncia de 67 ex alumnos sobre abusos sexuales entre fines de los años 50 y 1984.
Es costumbre para la Iglesia Católica no cuestionar -y avalar- a pedófilos y encubridores y esto fue visto recientemente con el fallecimiento del cardenal Bernard Law quien estaba acusado de encubrir desde 1984 a 2002 centenares de abusos sexuales y ser el encargado de “relocalizar” como forma de castigo a quienes habían cometido los actos de abuso, permitiéndoles de este modo continuar haciéndolo. Dicho cardenal se vio obligado a renunciar a su cargo de arzobispo de Boston cuando un medio de comunicación publicó una investigación sobre sus encubrimientos, pero su amistad con Juan Pablo II, el entonces Papa, hizo que recibiera el cargo de arcipreste de la Basílica de Santa María Mayor y que en el año 2005 participara de la elección del llamado Papa Benedicto XVI. Cuando falleció Law, el actual Papa le realizó una misa donde bendijo su ataúd y tiró agua bendita en un Altar de la Basílica de San Pedro, la Iglesia más emblemática del Vaticano.
Como si la víctima de los abusos fuese la Iglesia misma, Bergoglio expresó su entendimiento a que ir “vestido de cura” en muchos lados se está “pagando caro”, puso en primer plano la supuesta valentía de pedir perdón por parte de la institución y lo vinculó rápidamente con que las sociedades están cambiando y que “están naciendo nuevas y diversas formas culturales que no se ajustan a los márgenes conocidos”. Este cambio en la cultura que Bergoglio no ve con buenos ojos puede vincularse con el #MeToo (#A mi también) que es un proceso que se ve reflejado no solamente en el movimiento de mujeres sino que, además, se refuerza para enfrentar a una institución cada vez más desprestigiada y conocida por su accionar de opresión y abuso.
La Iglesia Católica sabe que tiene que aggiornar su discurso y vincularlo a las mujeres y su empoderamiento y, en este sentido, la visita del Papa a la cárcel de mujeres no fue casual. Visitó el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín a quienes les dijo, al final de su discurso, “no se dejen cosificar”. Justamente, el representante de una de las instituciones más opresoras respecto de la mujer y la cosificación de nuestro cuerpo como máquina reproductiva se refiere a la cosificación. La institución eclesiástica impone su moral tanto a creyentes como a no creyentes porque a las primeras las persuade mediante su fe y a las segundas se las impone con la intervención en el contenido de los códigos civiles y penales, estableciendo condenas a quienes osen decidir sobre su cuerpo. Como pasó en nuestro país desde la modificación del Código Civil y Comercial durante el Kirchnerismo, alianza que sigue estableciendo el gobierno macrista.
Repudiamos todo el accionar de la Iglesia Católica, los abusos sexuales, la obstaculización de la educación sexual integral, el impedimento de leyes en beneficio de igualdad de género, entre otras muchas acciones regresivas y opresoras. En este sentido, exigimos además la separación de la Iglesia del Estado que en países como el nuestro no solamente implican cuestiones políticas sino también de transferencia de recursos. Se calcula que en 2017 el costo mensual solamente a los funcionarios (obispos titulares, obispos eméritos, seminaristas, parroquias de frontera y sacerdotes ancianos sin cobertura, etc) fue de 10 millones de pesos. A ello hay que sumarle lo destinado por presupuestos provinciales y municipales y los aportes a instituciones privadas católicas, entre otras contribuciones. Es decir que todo el pueblo trabajador mantiene con su esfuerzo a una institución religiosa impuesta por la Constitución Nacional que representa un gran obstáculo para los intereses populares, y tiene prácticas contra los derechos de las mujeres y de las y los jóvenes, entre otros.