NO A LA CORRUPTA Y ANTIPOPULAR LEY DEROGACIÓN Y ANULACIÓN DE LA LEY DE REFORMA LABORAL
Artículo 1º.- Derógase y declárase insanablemente nula y sin efecto alguno la ley 25.250.-
Artículo 2º.- Ratifícase la derogación de los artículos 14, 15 y 16 de la ley 25.013, del inciso e), del artículo 2, del Anexo I, de la ley 25.212, de las leyes 16.936, 18.608, 18.692 y 20.638 y de los decretos PEN 2184/90 y 470/93.
Artículo 3º.- Ratifícase expresamente la vigencia de los artículos 11, 18 y 20 de la ley 14.250 (T.O. mediante Decreto PEN 108/88).-
Artículo 4º.- Derógase toda norma que se oponga a la presente.-
Artículo 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.
Luis F. Zamora
AUTODETERMINACION Y LIBERTAD
Presentado el 27 de noviembre de 2002. (expte. 7586 – D – 02)
FUNDAMENTOS
La aprobación de la Ley 25.250 debe ser derogada y anulada. Como es público y notorio tuvo un origen y un tratamiento espurio que hace imprescindible, de por sí, que sea fulminada de nulidad y carezca de validez alguna.
Además es claramente contraria a los intereses de los trabajadores lo que justifica también su inmediata derogación.
1).- EL ORIGEN CORRUPTO DE LA LEY.
Efectivamente su aprobación en el Senado derivó en el escándalo por sobornos. De allí comenzó una serie de renuncias en cadena de jueces, funcionarios y ministros del Poder Ejecutivo Nacional -cuyo titular era en ese entonces Fernando de la Rúa- finalmente la del propio vicepresidente de la Nación y titular del Senado, Carlos Alvarez.
Corolario de las denuncias de sobornos fueron también la apertura de investigaciones de la Oficina Anti- corrupción, por encontrarse involucrados miembros del Poder Ejecutivo, y una causa judicial en la Justicia Federal con marchas y contramarchas que fue cualquier cosa menos transparente.
Baste recordar que, entre otras muchas voces, el actual presidente de la Nación Eduardo Duhalde declaró en su momento que “El Senado se debe a sí mismo y le debe a la Argentina la derogación de una ley viciada por sospechas de sobornos”.
Las negociaciones para aplicar modificaciones al proyecto original de la ley, en el ámbito del Senado, le causó graves problemas al gobierno de la Alianza. La suspensión de la sesión que debatía la reforma laboral, tras la brutal represión policial a los trabajadores que se manifestaban en contra de dicha reforma mientras ésta estaba siendo tratada en el Senado, permitió que oficialistas y oposición contaran con plazos mayores para diluir las divisiones que tenían las bancadas justicialista y radical mayoritarias en ese cuerpo.
La salvaje represión a los manifestantes, dejó un saldo de 30 personas heridas, cuatro con balas de plomo -entre ellos el dirigente del gremio de judiciales Piumato- y una cantidad de detenidos.
La Reforma Laboral fue una de las iniciativas que más conflictos le generó al gobierno aliancista. El oficialismo comenzó enfrentándose con la CGT. Luego la actitud desafiante se modificó y De la Rúa consensuó aun pagando el costo de aparecer cerca de los desprestigiados dirigentes de esa Central. Finalmente el gobierno volvió a virar, retomó la confrontación al tiempo que negociaba con los senadores del PJ.
Así lo confirmó de uno de los protagonistas de las negociaciones y transacciones, el entonces ministro de Trabajo, Flamarique, cuando expresó “a pesar de todas las idas y vueltas se habría logrado preservar el corazón de la norma”.
Tal como lo reconociera algún senador justicialista, que justifica haber votado la ley por “disciplina partidaria”, las modificaciones introducidas a partir de las negociaciones entre los dos bloques mayoritarios “no son suficientes para garantizar los derechos de los trabajadores”
Los retoques a la Reforma Laboral acordados en el Senado por la Alianza y el PJ no tocaron los puntos centrales de la ley a cambio de una serie de concesiones: La Alianza logró imponer la descentralización de los convenios colectivos, el PJ consiguió en el recinto una Ley que garantiza más planes Trabajar para las provincias.
Después de haber alcanzado estado público las denuncias sobre sobornos y dádivas en el Senado, el abogado laboralista, Héctor Recalde recordó: “En aquel momento denunciamos el “Plan Canje”: a cambio de la sanción de la Ley Laboral, se aprobó en el Senado una partida de más de 100 millones de dólares de Planes Trabajar para las provincias. Después la Cámara de Diputados cajoneó ese proyecto y nadie protestó. Ahora entendemos por qué”.
Dos meses después de ser aprobada la Ley en el Senado, con apoyo del PJ, el periodista Joaquín Morales Solá desliza por primera vez en La Nación, edición del 25 de junio de 2000, que habrían existido “favores personales y prebendas para aprobar la Reforma”.
A partir de ello, las sospechas sobre el pago de sobornos continuaron avivándose. El senador Antonio Cafiero planteó una cuestión de privilegio para que se investigue la versión. Le confesó inicialmente a alguno de sus íntimos que otro senador le reconoció: “Yo cobré 50 lucas para levantar la mano”.
Se efectuaron decenas de denuncias acumuladas en la justicia federal, inicialmente en el juzgado de Carlos Liporacci. Allí, el Senador Antonio Cafiero habría revelado los nombres de dirigentes vinculados a las denuncias por coimas en el Senado reconociendo que entre ellos habría tres “compañeros” y dos aliancistas: Los senadores justicialistas serían Augusto Alasino, Alberto Tell y Remo Constanzo. Los aliancistas serían el senador José Genoud y el secretario parlamentario Mario Pontaquarto.
También fue de conocimiento público, a partir de su publicación en la Revista Noticias (edición del 19 de agosto de 2000), un anónimo que también se agregó a la causa judicial, que cuenta detalles de la operación. “En el escrito se relata la supuesta trama oculta de las coimas. Aparece un grupo de senadores radicales y peronistas reunidos con un secretario de Estado cuyo organismo cuenta con abultados fondos reservados y un ex ministro alfonsinista acostumbrado a negociar en los márgenes. Se determina el hipotético -o no tanto- reparto en billetes de 10 millones de dólares. Y una refriega entre choferes indiscretos que habrían filtrado los turbios manejos de sus patrones”.
La inclusión de miembros del Ejecutivo en las denuncias determinó que la Oficina Anticorrupción comenzara a investigar de oficio las versiones sobre pagos de sobornos. El anónimo acerca de las coimas involucraba al entonces ministro de Trabajo, el ya nombrado Flamarique, al entonces titular de la SIDE, Fernando de Santibañes y su manejo en la SIDE de fondos reservados y al que todavía estaba en la presidencia de la Nación Fernando de la Rúa.
El periodista Joaquín Morales Solá confirmará desde el diario La Nación, citando fuentes cercanas a Flamarique, la realización de una extraña reunión en los momentos decisivos para la aprobación de la ley por parte del Senado.
La reunión se habría realizado en un hotel cuya propiedad se le atribuye a Nosiglia, de la que ya había dado cuenta el diario Ámbito Financiero. “Participaron los senadores peronistas Augusto Alasino y Remo Costanzo (y uno más cuyo nombre no se confirmó), Santibáñez y Nosiglia. El entorno de Flamarique aseguró que el ministro no formó parte del encuentro, pero confirmaron que la reunión se realizó.
Santibañes fue involucrado por el juez Liporacci, pero luego su reemplazante, Gabriel Cavallo revocó la medida.
El Ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, tuvo que salir a negar en público que hubiera pagado y justificar ante su agrupación política, el FREPASO, que, a lo sumo, negoció “algunos ATN y Planes Trabajar”, como si esto fuese menos grave. (ver el artículo publicado en la Revista “Noticias” ya mencionado, titulado “ROBO PARA LA REFORMA” parte inicial de la investigación efectuada por los periodistas Murano y Caballero).
Según los periodistas, esa nota era producto de las confesiones realizadas por el mismo Cafiero a dichos periodistas, que luego serían desmentidas por el Senador, ante la presión de sus compañeros de bancada, esgrimiendo una coartada objetable: “Sería la palabra mía contra la de otro”.
Noticias afirma que, cuando le recordaron al senador que él tenía sus fueros, precisamente para hacer frente a situaciones como éstas, “Cafiero sacó a relucir una regla que se parece demasiado a la ‘ley de la omertá’, el código de silencio de la mafia italiana: “Lo negaré hasta el fin de mis días porque yo no puedo defraudar a los compañeros que en un rapto de sinceridad me lo han contado”.
Otro de los mencionados en el anónimo, el senador Ricardo Branda, aparece cobrando 200 mil pesos por haber apoyado la reforma laboral. Él lo niega públicamente, pero desconociendo que está siendo grabado admite ante Noticias: “Acá hay corrupción. Favores políticos siempre hay, es un estilo que se usa dentro del sistema político. Es una línea difícil de definir, cuándo se compra una voluntad y cuándo hay un favor político”.
La Revista Noticias investigó el escándalo de las coimas con grabadores ocultos. Las grabaciones que componen esta investigación fueron puestas a disposición de la justicia.
Otro importante aporte para el esclarecimiento de este grave hecho de corrupción, de haber existido la voluntad de hacerlo, son los datos que surgen del seguimiento que el diario La Nación realizó sobre el tema.
La periodista María Fernanda Villosio firma un artículo en donde, resguardando la identidad de la fuente, denuncia que en diálogo exclusivo con La Nación, el senador Cantarero admitió haber cobrado. Allí se afirma que el legislador se negó a revelar los nombres de sus compañeros que también habían sido beneficiados con dinero extra. Tampoco quiso mencionar a sus pares radicales.
Pero al ser consultado por los funcionarios del Gobierno que supuestamente estarían involucrados, admitió: “Hay un Santo.que viene hoy, cambie una letra”. La entrevista se realizó el mismo día en que Fernando de Santibáñes y Alberto Flamarique fueran citados por la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso.
Al día siguiente, frente a los rumores cada vez más numerosos a cerca de la identidad del “arrepentido” él mismo salió a desmentir el contenido de la conversación sostenida con la periodista.
En la edición del día siguiente, la periodista alega que ” las expresiones de Cantarero, al negar totalmente lo sucedido , obligan a dar cuenta, en defensa de la veracidad de lo informado , de cómo fueron los hechos”.
“En una conversación privada con La Nación, (.) éste ratificó la información que había sido publicada. Más aún, deslizó que la desmentida que haría momentos más tarde respondía a la presión ejercida por parte de su bancada”.
Un año más tarde, Alasino, Tell y Constanzo junto a Ramón Ortega, Eduardo Bauzá, Ricardo Branda y Angel Pardo serán noticia nuevamente al repudiar una convocatoria realizada para pedir el esclarecimiento de los sobornos en el Senado, denunciando un intento de “desestabilizar las instituciones”, según informa Página 12, el 12 de julio de 2001, ocultando con ese argumento su deseo de enterrar la investigación por los sobornos que, según menciona el matutino, se sospecha aceptaron varios de ellos mismos. De hecho, todos figuraban como involucrados en la causa que instruyó la Justicia Federal.
Otro que venía derramando sospechas sobre la forma en que se logró la aprobación de la ley fue el sindicalista Hugo Moyano, a partir de denunciar, a fines de marzo de 2000, que el Ministro de Trabajo, Flamarique, le aseguró tener “una Banelco” para convencer a los senadores de que aprueben la Reforma laboral. Según se publicó en Página 12, en su edición del 30de marzo del 2000, Moyano “aseguró que Flamarique insinuó la compra de los votos justicialistas en una reunión mantenida en el mes de febrero, en la Federación de Obras Sanitarias. Como testigos puso al titular de ese gremio, Rubén Pereyra, y a los sindicalistas -actual diputado- Saúl Ubaldini, Omar Viviani y Juan Manuel Palacios, quienes compartieron esa comida con el ministro.
“Para convencer a los senadores tenemos la Banelco. Esa frase me la dijo Flamarique, en el marco de una reunión por la Reforma Laboral” acusó Moyano.
Cabe recordar también que el dirigente del gremio de los camioneros ya había denunciado en un reportaje concedido a una revista, donde aseguró que el Gobierno lo quiso coimear. “Cuando se empezó a discutir el tema de Ley Laboral Walter Cevallos (en ese momento secretario de relaciones con las provincias del Ministerio del Interior) fue al gremio. Después me llamó por teléfono: ‘ Ché, papá ¿para la obra social, cuánta plata necesitás?’ , así me habló. Eso era una cama, y me quisieron comprar”. La propuesta según Moyano, era para levantar la movilización dispuesta en contra de la reforma. Recordemos también que por esos días Página 12 reveló que el Gobierno no liberaba partidas que por ley le correspondían a las obras sociales sindicales.
Pese a la decena de denuncias acumuladas en la Justicia Federal, la investigación de la oficina Anticorrupción, las polémicas y acusaciones en el Senado, plagado de sospechas y denuncias, la Ley de Reforma Laboral sigue vigente. Es necesaria su inmediata anulación y derogación.
2).- LAS PRESIONES DEL FMI Y DE LOS GRUPOS ECONÓMICOS.-
Las presiones del FMI al gobierno nacional de entonces fueron tan públicas como lo son hoy las presiones al gobierno de Duhalde. La sumisión también es similar. El FMI planteó que la reforma salga sea como sea. En el medio estaba uno de los tantos “acuerdos” que en estos días ha recordado el ministro de Economía Lavagna -mientras intenta cerrar otro más- y que fue el paso previo para el otorgamiento de lo que se denominó el “blindaje”.
El “blindaje” fue, además, la vía para asegurar los dólares utilizados por empresarios y banqueros que, durante el año 2001 fugaron más de 20.000 millones de dólares de la Argentina. Por allí se fueron una parte importante de los ahorros de los que confiaron en las promesas de Cavallo y las supuestas garantías del sector financiero accediendo a mantener sus depósitos allí.
El “Blindaje” posibilitó que hubiera dólares para la fuga. Para eso sirvieron las presiones del FMI y el arranque de conquistas a los trabajadores.
Hoy la vice – presidente del Fondo, Krueger, señala que no se prestará dinero a Argentina hasta que no haya garantías de que no desaparezca enseguida. En realidad no es así. Los préstamos del Fondo incluídos en el llamado “blindaje” fueron pensados, entre otros fines, con el objetivo de que existieran reservas suficientes que permitieran la fuga inmoral – y en casos ilegal- que se desató durante el 2001. La estafa del “corralito”, lo sabemos, fue la conclusión de esa asociación ilícita entre gobiernos y organismos financieros. Las condiciones: precarizar a los trabajadores. Pura ganancia patronal.
El “sea como sea” fue explicado así por el periodista Horacio Verbitsky: “Las mismas políticas reaccionarias que en un pasado trágico se imponían a punta de bayonetas, hoy requieren de los untos apropiados, en las partes convenientes”
3).- UNA LEY EN CONTRA DE LOS TRABAJADORES.-
Y no hay que olvidar que lo más grave de todos los antecedentes que rodearon su tratamiento es que, nos estamos refiriendo a la sanción de una ley laboral que tuvo el exclusivo sentido de satisfacer presiones externas públicas, para precarizar todavía más las condiciones de los trabajadores. Después de todo, la sola diferencia con otras oportunidades, es que en esta, saltó la circulación de dinero en efectivo, en lugar del mero favor político, como medida de cambio.
Resulta necesario observar que las prácticas corruptas aparecen como un componente necesario para la aprobación de políticas por parte de los partidos que hoy se reparten el gobierno y la oposición. Se trata de leyes como la que nos ocupa, y las anteriores de flexibilización laboral, que vulneran el cumplimiento de lo que se ha considerado como los tres pilares históricos del derecho del trabajo: empleo estable, salario suficiente y condiciones de trabajo dignas y equitativas. Es importante recordar que la ley fue apoyada por la UCR, la promulgación fue suscripta por Rodolfo Terragno y Lombardo junto a De la Rúa, sostenida por el propio Carlos Alvarez -que firmó su sanción en mayo de 2001, y por la mayoría del bloque de senadores justicialistas que la votó. En apoyar la quita de derechos obreros no hubo diferencias entre ellos.
Resulta claro que esta ley, fue considerada esencial por De la Rúa y su equipo económico para afianzar la reputación del Gobierno ante los grupos económicos y los organismos internacionales. Se argumentó que había que bajar el costo laboral, como lo exigía el FMI, con el pretexto de hacer más competitiva la producción, y debilitar las estructuras de protección del derecho laboral conquistadas por los trabajadores con heroicas luchas, obligando a éstos a tener a soportar sobre sus espaldas el riesgo de las actividades económicas de los empresarios.
El argumento de que la ley en cuestión generaría empleo, sobre la base del supuesto de que los empleadores tenderían a tomar más personal efectivo, al alentarse el aumento de dotaciones de personal mediante la reducción de aportes, ha demostrado ser un vulgar engaño más que encubre solamente el ajuste de las normativas a las exigencias patronales y de los organismo de la usura internacional.
Veamos algunos ejemplos del carácter antiobrero de la norma que propiciamos anular y derogar.
* La extensión del período de prueba a 12 meses, en las empresas pequeñas, y 6 en las restantes, no es más que la legalización de los “contratos basura” que sólo sirve a los fines de despedir trabajadores sin pagar indemnización.
· Ha servido para debilitar el poder de los trabajadores en relación con los empresarios, al fragmentar la negociación colectiva, derogar el principio de la norma más favorable y someter los convenios colectivos a arbitraje obligatorio, habilitando la baja de los salarios nominales, es decir, arrebatando derechos adquiridos.
· La derogación de la ultraactividad ataca el “concepto central de autonomía sindical y disponibilidad colectiva” y se vincula con la “irrenunciabilidad, en el sentido más amplio del término, esto es a la tutela de los intereses de los trabajadores reconocidos en un momento y proyectados hacia el futuro.”. (ver Alejandro Aníbal Segura – “Razones prácticas y teóricas para derogar ya la ley 25.250 – www.quiya.com.ar y también “Ley de Convenios colectivos de Trabajo – Ley 14.250 Comentada, del mismo autor)
_ La derogación de la ultraactividad arrastra como lógica consecuencia la deshomologación de los convenios colectivos de trabajo aún vigentes. Al determinar la pérdida de vigencia de las cláusulas contenidas en los convenios colectivos en un plazo de dos años contados a partir de la fecha en que una de las partes lo hubiera denunciado formalmente,
En consecuencia la “ley” de reforma laboral es un claro ataque a derechos conquistados por los trabajadores. Los afecta en forma directa y no ha aportado ninguna solución para los millones de trabajadores desocupados o subempleados, como tampoco a los trabajadores en negro ni a los trabajadores sobreocupados. Como la denominada “ley de empleo” de 1991 la fachada con que se pretendió encubrir a la de reforma laboral sólo encerró satisfacer la insaciable voracidad patronal.
Esto no implica avalar a la legislación anterior. Un derecho obrero la pondría íntegramente en cuestión. Aquí estamos analizando
puntualmente una norma espuria en su origen y antiobrera en su
contenido.
Finalmente, y atendiendo al carácter parcial del examen del derecho laboral aquí contenido, no se nos escapa que la derogación y anulación que proponemos dejaría subsistente normas que consideramos positivo que tengan vigencia. Proponemos indicarlo expresamente. Al mismo tiempo hay otras que estimamos no deben tener vigencia y que habían sido derogadas por la norma que cuestionamos. Todo ello mediante el artículo 34º de la misma.
Por ello planteamos ratificar expresamente la vigencia de los artículos 11,18 y 20 de la ley 14.250 (T.O. mediante decreto PEN 108/88) así como declarar la subsistencia de la derogación de los artículos 14, 15, y 16 de la ley 25.013, el inciso e) del artículo 2 del Anexo I de la ley 25.212,, las leyes 16.936, 18.608, 18692, 20.638, y los decretos PEBN 2184/90 y 470/93.
Luis F. Zamora
Diputado Nacional
Autodeterminación y Libertad
Presentada el 27 de noviembre de 2002. (expte. 7586 -D- 02)