* Por Sergio Sallustio, integrante de Autodeterminación y Libertad

Reforma tributaria PRO ¹: cómo agudizar una histórica redistribución regresiva

Esta semana el gobierno envió al Congreso el proyecto de reforma tributaria por el cual buscará en el mediano plazo avanzar en una transferencia de ingresos que mejore la rentabilidad del gran empresariado por sobre l@s consumidores y las/os trabajadoras/es. En su intento de no descuidar el frente fiscal y reducir la presión impositiva que es materia de quejas y reclamos del poder económico que opera en el ámbito local, beneficia con una amplia batería de medidas los negocios empresarios y compensa la caída de recaudación con impuestos internos o IVA sobre actividades que no estaban gravadas (ambos impuestos al consumo entendidos como regresivos ya que son pagados en igual medida por todos los consumidores sea cual sea su ingreso), reducción de aportes patronales que afectarán la recaudación de ANSES y el futuro ingreso de los jubilados, impuestos sobre los plazo fijo recayendo incluso sobre medianos ahorristas. Así aumentan la carga sobre las familias (renta financiera, impuestos internos, IVA sobre ciertos consumos, etc.) y reducen las imposiciones sobre las firmas (aportes patronales, devolución del IVA, baja de impuesto a las ganancias no distribuidas, impuesto al cheque, etc.).

Los cambios más polémicos

Impuesto a las ganancias de las empresas: reduce la tasa en forma gradual del 35% a 25% para las utilidades no distribuidas. De esta manera será más elevada la tasa que recae sobre los salarios (alcanza el 35%) que sobre la rentabilidad de las empresas. A pesar de que en campaña Macri prometió eliminar la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, ésta medida fortalecerá el peso que representa en la recaudación total del impuesto la sustracción del salario de los trabajadores que realiza el Estado todos los años. Por otra parte no distingue sobre el destino que se dará a las utilidades no distribuidas que se verán beneficiadas, por eso está mal denominado como “estímulo a la re-inversión”, además de que existirían variadas maniobras contables para eludir la tasa máxima, no se orienta esa re-inversión en ningún sentido, ¿es lo mismo invertir en maquinaria importada para producir bienes de consumo local o exportable? ¿es lo mismo la inversión en la instalación de una nueva sucursal de una financiera o en la instalación de una cooperativa industrial? ¿qué proyecto de país se desarrolla con, entre otras medidas, política tributaria?

Se grava moderadamente a la renta financiera: 15% para activos en dólares o indexados; y 5% para activos de renta fija en pesos no indexados. El mínimo no imponible rondaría los $65 mil anuales, con lo cual la renta derivada de un ahorro de aproximadamente $330 mil (tomando como medida una tasa anual de plazo fijo cercana a la actual del 20%) caería en el impuesto. La manifestación de capacidad contributiva de un individuo/hogar con un ahorro de ese monto es al menos discutible. Por otra parte, el plazo fijo es la forma de ahorro más común entre pequeños y medianos ahorristas que acuden a ese instrumento para evitar en parte la desvalorización del dinero que implica una inflación elevada y constante. En un país donde las cuentas off-shore y la fuga de capitales son estrellas en los medios de comunicación, y al menos u$s220 mil millones se encuentran depositados en cuentas de paraísos fiscales ², en donde los poderosos encuentran una y otra vez la forma de evadir y fugar grandes sumas de dinero, éste avance pseudo progresista del gobierno resulta muy sesgado, y no recae de ninguna forma sobre esos grandes depósitos.

Reduce contribuciones patronales con destino a la seguridad social: establece una suba progresiva del mínimo no imponible debajo del cual las empresas no realizarán contribuciones patronales hasta llegar a $12 mil. A la vez, se unifica las alícuotas de contribuciones patronales hasta un nivel de 19,5%. Se elimina gradualmente el tope máximo a los aportes personales a la seguridad social, actualmente en $ 82.000, recayendo sobre los salarios (más altos). De esta manera, el costo fiscal de la medida de entre $130 mil y $170 mil millones implicará en forma directa un aumento de la renta patronal a cambio de fondos de la ANSES que no solo posicionarán aún más lejos el anhelado 82% móvil sino que deberán ser compensados con reducciones de las jubilaciones futuras en términos reales ³.

Impuesto al cheque: se podrá aplicar como pago a cuenta del impuesto a las ganancias, con lo cual quedan afuera del beneficio los trabajadores contratados y monotributistas que cobran sus salarios con cheques y poseen cuentas bancarias que no son consideradas cuentas sueldo dado el encubrimiento de la relación de dependencia.

IVA: No tuvo grandes modificaciones. Para los empresarios, se agilizará la devolución del crédito fiscal para empresas que realicen inversiones, a un plazo máximo de 6 meses. Contra los consumidores, se amplía la base imponible alcanzado variados servicios digitales, como por ejemplo los populares Netflix y Spotify.

Impuestos internos: la quita del impuesto sobre las electrónicas afecta particularmente a la producción fueguina que por el régimen especial no paga mucho de estos impuestos, por lo cual la quita dejaría a la provincia de Tierra del Fuego en igualdad de condiciones con otras jurisdicciones y con los importados. La primera consecuencia de esta medida fue aprovechada por las empresas con la complicidad de la gobernadora Bertone y la burocracia de la UOM, para congelar salarios por dos años a 10 mil trabajadores que cargarán con el peso de la reforma (y bastante más, si se cumplen las proyecciones de inflación de los próximos años).

Política tributaria al servicio de la desigualdad

El carácter regresivo de nuestro sistema tributario se mantiene inalterado. Sigue recayendo la mayor recaudación sobre el IVA y los impuestos internos, ambos impuestos que no diferencian sobre la capacidad contributiva de cada contribuyente, en los que pagan lo mismo en términos absolutos (mucho más en términos relativos) un beneficiario de la AUH y un propietario de Nordelta (tal vez lo único en lo que son “iguales” en términos de ingreso y consumo). Un verdadero sistema tributario alternativo implicaría eliminar el IVA y sustituir la recaudación con impuestos con tasa progresiva sobre los grandes patrimonios y los negocios especulativos.

Continúa el impuesto sobre el salario, mal señalado como impuesto a las ganancias de la cuarta categoría, que pagan más de un millón de trabajadoras/es con su explotada fuerza de trabajo, pero no solo continúa vigente sino que más asalariados pagarán el impuesto “a las ganancias” y los ya alcanzados pagarán aún más, ya que en el proyecto enviado al Congreso se propone eliminar deducciones del impuesto como por ejemplo los importes en concepto de gastos de representación, viáticos, movilidad, bonificación especial, protocolo, riesgo profesional, coeficiente técnico, dedicación especial o funcional, responsabilidad jerárquica o funcional, desarraigo y cualquier otra compensación de similar naturaleza, cualquiera fuere la denominación asignada, y también pone dentro del alcance del impuesto distintos conceptos bajo la denominación de beneficios sociales y/o vales de combustibles, extensión o autorización de uso de tarjetas de compra y/o crédito, vivienda, viajes de recreo o descanso, pago de gastos de educación del grupo familiar u otros conceptos similares. Lejos de estas modificaciones, el impuesto al salario debe ser completamente sustituido por un mayor impuesto a las ganancias sobre las empresas, que aumente en forma progresiva y obtenga recursos de quienes viven del trabajo ajeno.

No se crean impuestos a la riqueza, como por ejemplo el impuesto a las grandes herencias, que resultan los más progresivos y transformadores en el largo plazo ya que recaen sobre la propiedad que excede en demasía sobre las necesidades individuales. No se tocan rentas diferenciales como fundamentalmente la agropecuaria. No se afecta la formación de activos externos, ni se castiga la fuga de capitales o los capitales golondrina. No se avanza sobre la evasión más que con modificaciones de carácter penal y de dudosa posibilidad de cumplimiento en una justicia manejada por los poderosos y sin ninguna intervención de la clase trabajadora, que en el caso de las multinacionales alcanzó los u$s 21.406 millones en el 2016 ⁴, equivalente a casi 12 veces la recaudación total por impuesto a las ingresos/salarios de los trabajadores durante todo el año 2016.

Todo el andamiaje tributario que garantiza ganancias y exprime a la clase trabajadora se aceita con esta reforma presentada por el gobierno, que va juntando adeptos entre los partidos opositores, y un total apoyo de los sectores patronales (UIA, Sociedad Rural, foros de multinacionales, FMI, etc.).

Es necesario luchar en las calles, en los lugares de trabajo, de estudio o en los barrios, y en los debates públicos dando a conocer este avance pro-empresarial, movilizándonos para terminar con el impuesto al salario, eliminar los impuestos sobre los consumos populares como el IVA, y revertir en parte con una política tributaria obrera y popular la concentración de la riqueza que en nuestro país se refleja en que el 10% más rico de la población percibe el equivalente a lo que cobran en su conjunto el 60% de los trabajadores más pobres ⁵, siguiendo la tendencia mundial del sistema capitalista en la que apenas un 1% concentra la riqueza del 50% de la población mundial.

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