(Sesión del 18 de enero de 2016 sobre el traspaso de la Policía Federal al ámbito de la CABA)

¿Qué cambia sustancialmente para el pueblo con este debate en el que solo se hace referencia a una cuestión de orden jurisdiccional? Por supuesto que el gobierno de la ciudad ha presentado esto como un hecho histórico, pero yendo un poco más al fondo de la cuestión, mirando los hechos objetivos y jugando un poco con el tiempo, nos preguntamos ¿qué importancia hubiese tenido esta discusión para Lucas Cabello, baleado por un agente de la Metropolitana el pasado 8 de noviembre en el barrio de La Boca? ¿qué importancia hubiese tenido esta discusión para los que murieron por la represión llevada adelante por la Federal y la Metropolitana en forma conjunta durante el desalojo del Parque Indoamericano en diciembre de 2010? ¿O para las familias que fueron arrancadas a palazos por parte de la Metropolitana, la Federal y la gendarmería de sus humildes viviendas en el barrio Papa Francisco en agosto de 2014? ¿O para Kevin Molina, el chico de 9 años que murió por un balazo en su casa de la Villa Zavaleta en un tiroteo entre narcos en una zona liberada por la prefectura? ¿De qué les hubiese servido esta discusión a los estudiantes y artistas reprimidos por la Metropolitana en la Sala Alberdi, en donde incluso hubo periodistas heridos con balas de plomo? ¿O para Mariano Ferreyra asesinado por la patota de Pedraza en clara complicidad con la policía federal que liberó la zona? Podríamos preguntarles a los trabajadores de Lear lo rápido que se pueden poner de acuerdo la bonaerense con la Gendarmería para reprimir las manifestaciones y ver que, en rigor de verdad, poco importa el mando de la policía y de las fuerzas de seguridad cuando se comparte la misma lógica represiva. ¿Cuántos Luciano Arruga hay en este país? Jóvenes torturados y asesinados luego de haber sido obligados a delinquir para financiar las “cajas negras” policiales. ¿Cuántas Marita Verón hay en este país y en esta Ciudad? Mujeres en manos de las redes de trata, explotadas sexualmente bajo el amparo de la policía y el poder político. ¿En qué les puede cambiar la vida esta discusión?

Una rápida respuesta podría hacernos pensar que nada cambia para el pueblo con este debate. Sin embargo sí creemos que algo cambia, que cambia para peor. Cambia porque implica un paso negativo para los intereses populares en la medida que se sigue tapando con este debate el problema de fondo de la violencia social haciéndola pasar por un problema de orden jurisdiccional y meramente represivo. Por eso rechazamos este proyecto.

¿Y Cuál es ese problema de fondo que se oculta con esta discusión?

El problema de fondo son las instituciones políticas en su conjunto. Es el régimen político-institucional el gran problema que se está tapando. Un problema que desde Autodeterminación y Libertad venimos denunciando desde hace años y que cada vez sale más a la superficie a pesar de que se lo quiera seguir ocultando. ¿A qué nos referimos? Nos estamos refiriendo a dos aspectos fundamentales.

El primero es que estas son instituciones que están al servicio de unos pocos. Es esta democracia la que, independientemente del sector político tradicional que le toque gobernar, termina beneficiando siempre a un sector pequeño, concentrado y económicamente poderoso de la sociedad, mientras empuja a sectores muy importantes de este país a la pobreza, a la marginalidad o directamente a la exclusión. Porque es una forma de gobierno de un sistema que nos explota. Un sistema que genera miles de jóvenes sin futuro, que en muchos casos terminan muertos por el paco que los narco desparraman por las zonas pobres y liberadas por la policía, o por “gatillo fácil” a manos de la Metropolitana o la Federal, o que son torturados en distintas comisarías. También jóvenes que están dispuestos a matar o a que los maten porque han quedado fuera de todo. En fin, miles de jóvenes que poco les importan si la Federal va a quedar en manos de la Ciudad o de la Nación, tal vez porque, intuitivamente o no, saben que la violencia social que generan los gobiernos con sus políticas no se atenúa con el traslado de la policía. Este es uno de los aspectos fundamentales que queremos marcar y denunciar: la violencia social que genera y reproduce estas instituciones constantemente tiene como respuesta de parte de estas mismas instituciones el incremento de la fuerza represiva, para lo cual se terminan volcando millones de pesos en vez de destinarlos a mejorar las condiciones de vida del pueblo.

Por eso es para nosotros un engaño afirmar, como lo hizo el presidente Mauricio Macri el día en el que se anunció el traspaso, que estamos ante “un momento histórico” con este proyecto, despertando expectativas en que el traspaso puede hacer de esta ciudad “una de las más seguras del mundo” y que la Argentina puede llegar a vivir con “tranquilidad”. Es un engaño hablar de “tranquilidad” y “seguridad” mientras se sostiene y profundiza un modelo de exclusión que condena a la marginalidad a poblaciones enteras. Por el contrario, nosotros estamos convencidos que solo podremos comenzar a recorrer ese camino en tanto y en cuanto los de abajo, los castigados por un sistema en donde habitan ricos y explotados, buitres y excluidos, banqueros y esclavos, se pongan de pie frente a esta democracia para unos pocos para transformarla en un gobierno de las mayorías explotadas, un gobierno donde decidan esas mayorías.

Hay un segundo aspecto que nos parece fundamental dejar claramente expresado. A nadie puede sorprender cuando hablamos del tema de la violencia social (o como quedó instalada mediáticamente en lenguaje que no es el nuestro: de la inseguridad) que se diga que “la policía es parte del problema y no de la solución”. Y en eso no hacemos distinción entre la federal, la metropolitana, la bonaerense o cualquier policía provincial (en Rosario tal vez encontremos los ejemplos más dramáticos). ¿Y por qué no hacemos distinción? Porque no solo la policía es parte del problema sino también la dirigencia política, o mejor dicho, fundamentalmente la dirigencia política, y en esto incluimos a todos los partidos que han sido parte de los sucesivos gobiernos que hemos tenido. Sin distinción. Porque siendo responsables de comandar las fuerzas policiales y de seguridad han sido cómplices de la penetración del narcotráfico y el crimen organizado en las distintas instituciones del estado. Y es esta descomposición institucional lo que sale a la superficie en hechos como la reciente fuga de los hermanos Lanatta y de Schilaci en clara complicidad con el servicio penitenciario. Es el vínculo de narcos con la policía y el poder político. Esto resulta tan obvio a esta altura que lo tiene que reflejar todos los medios, sin importar su color político. Lo señala en sus columnas del diario La Nación Morales Solá, reconocido partidario del actual gobierno, pero también Marcelo Saín, ex diputado provincial y ex Director de la Escuela Nacional de Inteligencia de la AFI, un hombre muy cercano políticamente al gobierno anterior. Este último afirmando, por ejemplo, que la corrupción policial es favorecida entre otras cosas por la “insuficiencia presupuestaria” pero además (y acá cito textual por su importancia) por “la aceptación activa o pasiva de las autoridades gubernamentales y del grueso de la clase política de que dicha insuficiencia sea saneada mediante el montaje de un sistema de recaudación ilegal de fondos provenientes de actividades irregulares o ilícitas protegidas, reguladas o permitidas por la propia institución”. Esto lo señaló en una entrevista en octubre pasado. En marzo del año pasado, también comentaba en otra entrevista que (vuelvo a citar textual) “lo importante, sobre todo, es reconocer que en Argentina el Estado participa del crimen organizado y que parte de ese Estado también se financia con ese crimen, pero no por vía del financiamiento de narcos a políticos, sino por vía de la regulación policial del crimen”. Lo evidente de todo esto hace que hasta el mismo presidente de la nación tenga que reconocer el avance del narcotráfico es la consecuencia, dicho por el mismo presidente, de “un sistema que está todo podrido” y de la “decadencia institucional” (son citas textuales). ¿Es que alguien puede poner en duda la existencia de las “Cajas negras”, por ejemplo? “Cajas negras” que no son otra cosa que fuente de enriquecimiento para los miembros de las jerarquías policiales y una verdadera “participación en las ganancias” de todos los delitos que deberían prevenir, impedir y perseguir: la trata, el trabajo esclavo, el narco negocio que viene expandiéndose sin freno, y varios etcéteras más. Pero es indudable, que semejantes prácticas sostenidas en el tiempo necesitan indispensablemente de la protección y la complicidad de miembros de otros poderes del estado. Hablamos de jueces, hablamos de servicios de inteligencia, hablamos de políticos. Insisto. No son estas conclusiones de un trabajo exhaustivo y profundo de investigación. No. Es tan obvio como difícil de ocultar. Surge hasta de la misma interna entre Anibal Fernandez y Julián Dominguez en la provincia de Buenos Aires, en donde se acusan mutuamente de vínculos con el narco y con barras bravas, y hasta de asesinatos. Por supuesto, esto es solo un botón de muestra. Sobran los ejemplos de vínculos entre barras bravas y políticos, los mismos políticos que manejan las fuerzas policiales.

La fuerza política que hoy gobierna el país, y dos de los distritos más importes como Ciudad y Provincia de Buenos Aires, llegan al poder queriéndose mostrar como algo distinto. Que vienen para luchar contra el narcotráfico, y que como respuesta a esa supuesta lucha le pasan cosas como la reciente fuga. Sin embargo, vemos que la nueva gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, luego de responsabilizar hace unos pocos días al servicio penitenciario de la fuga de los hermanos Lanatta y Schillaci, lo primero que hace pactar y mantener en el cargo al segundo de Casal, Cesar Albarracín. Además acordó nada más y nada menos con quien fuera la mano derecha de Alejandro Granados, me refiero a Fernando Jantus. Si como dijo la Gobernadora, el narcotráfico penetró en la política y en el resto de las instituciones del estado ¿por qué entonces estos acuerdos? ¿Con quién va a combatir el narcotráfico? ¿Con el nuevo jefe de la bonaerense, Pablo Bressi, el que anteriormente era Superintendente de Investigaciones de Tráfico de Drogas Ilícitas? ¿Cuál sería la explicación? ¿El narcotráfico penetró en las instituciones pero las máximas autoridades no son responsables?

El cambio de gobierno lejos de algo distinto reproduce las mismas prácticas enquistadas desde hace años en el poder político. No se puede dejar pasar en este punto que el actual presidente de la nación asumió el cargo procesado por escuchas ilegales, en una causa que terminó siendo sobreseído, a diferencia de todos los demás implicados, gracias a que el juez que lo mantuvo procesado durante cuatro años decidió apartarlo de la causa a los pocos días de asumir la presidencia. Lo que demuestra una vez más el vínculo de la justicia con el poder político. Una causa en la que también estuvo involucrado el espía Ciro James, miembro de la policía federal y nombrado como empleado en el ministerio de educación (una verdadera cortina humo para ocultar sus tareas de espionaje al servicio del anterior Jefe de Gobierno), y el jefe de la metropolitana Jorge “Fino” Palacios, el hombre que fue puesto en ese cargo, según dijo el mismo Macri, por recomendación de la CIA y el Mossad. Nada más y nada menos. Dos de las organizaciones más tenebrosas en el mundo, responsables de los mayores genocidios. Nos preguntamos ¿esas son las voces autorizadas para el actual Presidente? ¿Son ellos el modelo de seguridad que propone el gobierno nacional? ¿Se soluciona el problema con el traslado de la policía federal?

Como lo señalé anteriormente, es el vínculo espurio entre las distintas instituciones del Estado con el delito el mayor de los problemas que tiene el pueblo, y que este debate, que se limita a un simple traspaso pretende eludir. Si hay un hecho reciente, otro más, que puso en superficie este entramado fue la muerte del fiscal Nisman. Los Servicios, la Política, la Justicia, todo contaminado. Y nos quieren hacer creer que las soluciones a los problemas de seguridad van a venir de la mano de esta policía, Federal o Metropolitana, manejado por estos dirigentes políticos.

Para ir terminando quisiera detenerme en un último punto. Esta discusión y este proyecto se enmarca en un contexto que no podemos obviar y que le agrega gravedad a la decisión tomada por el gobierno nacional y de la Ciudad de Buenos Aires. No podemos dejar a un costado de esta discusión el panorama que se viene para los trabajadores y los sectores pobres del país, y en este caso particularmente, de la ciudad. Las últimas medidas adoptabas por el gobierno nacional van en una evidente dirección de ajustar a estos sectores sociales para beneficio de los que ganan siempre, para los que se la han llevado en pala durante todos estos años y para los que se la van a seguir llevando en los próximos (a menos que la lucha del pueblo ponga un límite). Mientras a los trabajadores se les dice que hay que hacer esfuerzos, y para eso intentan pactar con la burocracia sindical aumentos salariales que no superen la inflación, es decir, para que vivan en peores condiciones de lo que lo vienen haciendo, a las grandes corporaciones y el capital concentrado se les allana el camino para que sigan teniendo una enorme rentabilidad a costa del sacrificio del pueblo trabajador. Si a esto les sumamos los despidos sistemáticos a empleados públicos que viene llevando adelante el gobierno nacional y los distintos gobiernos municipales y provinciales, nos encaminamos a un escenario conflictivo. ¿Conflictivo por qué? Porque seguramente, como ya comienzan a observarse, surgirán las luchas de quiénes no se resignan a quedar en la calle, muchos con sus familias a cuestas. En este marco es que no podemos dejar de mencionar el enorme riesgo que implica para los sectores populares, para los luchadores, para los que pelean por aquello que el Estado les saca en complicidad con los grandes grupos económicos, que desde el poder político, el mismo poder político vinculado con todo tipo de negocios espurios, se aliente expectativas en fuerzas de seguridad tan ajenas a los intereses del pueblo, como quedó claramente expresado en estos días con la represión a los trabajadores de Cresta Roja, luego de la cual la Vicepresidenta de la Nación manifestó que “si se vuelve a cortar una ruta, vamos a actuar de la misma manera”. Se quedó corta la Vicepresidenta, porque aún sin cortar una ruta volvieron a “actuar de la misma manera”, como ocurrió con los trabajadores despedidos de La Plata reprimidos con balas de goma por las fuerzas de seguridad. También habría que agregar los efectivos de Gendarmería que fueron a Caleta Olivia a pedido de Alicia Kirchner a reprimir el reclamo de empleados despedidos por Lázaro Baéz. Y ahora también la detención de Milagro Sala, un hecho gravísimo de represión a la protesta social que no podemos dejar de denunciar y repudiar. Si a todo esto le agregamos el “protocolo para regular las protestas sociales” anunciado por el gobierno nacional, nosotros no podemos dejar de alertar y denunciar que detrás de esta discusión sobre el traspaso de la policía se esconde una clara intención de reforzar el costado represivo de las políticas que intentará llevar adelante el actual gobierno.
En este marco tampoco resulta casual que el Tribunal Supremo de Justicia de la Ciudad se haya pronunciado en el sentido de avalar a la Policía Federal a pedir documentos a cualquier persona. Lo que implica un enorme retroceso para los derechos democráticos del pueblo al darle discrecionalidad a una fuerza con los antecedentes que mencioné en el comienzo, que en definitiva no dejan de ser unos pocos ejemplos de su extenso prontuario, y que encima, en este caso la Justicia, le quiere dar mayores atribuciones.

Por todo esto es que rechazamos este proyecto. Porque si lo que quieren el Presidente de la Nación y el Jefe de Gobierno porteño es que vivamos “tranquilamente” y que la Ciudad sea “una de las más seguras del mundo” dejen de despedir trabajadores y asegúrense de que no haya ni una familia en la calle; hagan casas para las familias que viven en villas miserias; den educación pública y de calidad para todo el pueblo; asegúrense de que todo el pueblo tenga atención médica; impidan que las mujeres sean secuestradas con fines de explotación sexual. En fin, si lo que quieren el Presidente de la Nación y el Jefe de Gobierno porteño es que vivamos “tranquilamente” y que la Ciudad sea “una de las más seguras del mundo”, no nos repriman por reclamar y luchar por lo que los gobiernos y sus socios empresarios nos sacan cotidianamente.

Aunque desde ya tenemos la certeza y la firme convicción que todo eso no va a venir de la mano de quienes nos gobierna sino únicamente de la lucha inclaudicable de todo el pueblo trabajador.

Por todo esto es que vamos a rechazar este proyecto.