TIERRA DEL FUEGO. ENSAYO (PARCIAL) PARA LA FARSA ACTUAL.
* Por Sebastián Blanchard, integrante de Autodeterminación y Libertad.
Esta semana se conoció el primer acuerdo entre Gobierno, empresarios y burocracia sindical contra los trabajadores de cara a imponer la reforma laboral. El convenio que acordaron los gobiernos nacional y provincial de la gobernadora del FPV Roxana Bertone, con la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE), y la UOM congela las paritarias hasta junio del 2020 con la promesa de que no habría nuevos despidos en el sector.
Este acuerdo se da en el marco de la reforma tributaria que ya mandó al Congreso el gobierno nacional, que implicará a grandes rasgos, baja de impuestos al sector empresario, asegurándole mayor rentabilidad en cada sector, y como prólogo del preacuerdo para la reforma laboral que habrían acordado el triunvirato de la CGT con el gobierno nacional, que apuntará a negociar gremio por gremio bajo estas condiciones.
Con el centro en reducir los costos del polo industrial electrónico de Rio Grande, el acuerdo tiene como eje la progresiva reducción de los aranceles a los productos electrónicos importados que planea Macri que irían del 17% actual hasta el 2% hacía el año 2023.
Este ataque contra las/os trabajadoras/es tiene como excusa la muy reiterada por estos días, de “mejorar la productividad y la competitividad de la industria fueguina”, que no es otra cosa que decir, aumentar las ganancias empresarias a costa del salario de los trabajadores.
La UOM firmó el acuerdo sin ninguna consulta ni convocar asambleas a los 10.000 trabajadores afectados, para colmo, luego de la firma y ante las críticas recibidas, los dirigentes intentan mostrarse como víctimas de alguna extorsión empresarial que no aclaran bien cuál sería, para después pasar al intento de lavarse la cara argumentando que el congelamiento es como condición de que no haya despidos, algo que ya hicieron al inicio del gobierno de Macri, donde se contentaron con la firma de un “compromiso” de los empresarios para no despedir, que se tornó en papel mojado inmediatamente.
En el caso de la industria electrónica, -que no es otra cosa que una industria de ensamble de piezas importadas- usan la comparación con los precios de los electrónicos en Chile, una economía totalmente liberalizada y sin industria, de los que se aprovecha hasta el ministro de ambiente Sergio Bergman trayéndose televisores desde aquel país.
Para bajar esos costos, el Gobierno apunta a liberalizar las importaciones, lo que afecta directamente la industria nacional, y en poco perjudica a las empresas, que cuentan con la posibilidad de reconvertirse en importadoras. Entre esas empresas están BGH, de propiedad de la familia Garfunkel, uno de los vaciadores del diario Tiempo Argentino, o la empresa Mirgor, fundada por la familia Macri y hoy controlada por su intimo amigo Nicolás Caputo.
El gobierno viene preparando este ataque junto a su coro mediático desde que asumió, intentando instalar un relato de que las culpas del deterioro de la economía y la falta de inversiones se debe al “costo laboral”.
Al igual que hicieron con los petroleros y lecheros, oculta el ajuste con fundamento en los altos salarios que cobran los trabajadores. Esta mentira queda al desnudo al ver que del costo de los productos electrónicos, el salario de los trabajadores representa solo el 6% del total.
Además, esta falacia omite mencionar el fuerte costo de vida que tienen que afrontar. En Tierra del Fuego, el salario promedio de un obrero de una fabrica recibe entre $34.000 y $40.000, mientras que según el INDEC una familia fueguina tipo necesita $31.000 para no caer en la pobreza. Los salarios de los operarios de la electrónica fueguina son 205% superiores a los de otras provincias, pero el costo de la canasta básica total es 160% mayor que el promedio. Con una inflación que ronda el 20,6 % en lo que va del año, con el gobierno teniendo serias complicaciones para controlarla, significaría un robo fenomenal del 40% de los salarios obreros para los próximos dos años.
Lxs trabajadorxs quedan rehenes de un discurso antiobrero, y de las negociaciones que mantienen los burócratas sindicales que negocian con el temor de perder sus cajas de las obras sociales o por saberse próximos a algún carpetazo judicial. Así lxs trabajadxs quedan presos entre aceptar la rebaja de sus salarios o quedar en la calle.
Este acuerdo antiobrero, además se da luego de los terribles ajustes que la gobernadora Bertone que accedió a la gobernación como parte del kirchnerismo, viene imponiendo desde que asumió, con despidos, y congelamiento de los sueldos de docentes y estatales. Por si fuera poco, Bertone hoy ofició de vocera junto a Peña, Dujovne y Frigerio del pacto fiscal, que traerá más ajuste a las provincias.
Este acuerdo es un ejemplo más de los planes oficiales para garantizar mayor rentabilidad a los empresarios a cuenta de lxs trabajadorxs. La pelea dependerá de la resistencia que encuentre por abajo, del conjunto de la clase obrera peleando para frenar el deterioro de sus condiciones de vida.