* Por Sebastián Blanchard (integrante de Autodeterminación y Libertad)

El gobierno nacional -con el apoyo de la mayoría de la oposición de los partidos tradicionales, Massa-FR, Scioli, y otros-, anunció que enviaría al Congreso un proyecto de ley para reformar el régimen penal juvenil y discutir la baja de la edad de imputabilidad de los menores, hoy fijada en los 16 años.
El oportunismo y la demagogia del gobierno se da luego de la muerte del joven Brian Aguinaco, que recibió un balazo en la cabeza al quedar en medio de un asalto, en el barrio de Flores a fines de diciembre, en el que uno de los asaltantes habría sido un joven de 15 años. Luego de la muerte del joven, los vecinos tomaron la Comisaria 38 de la zona en protesta por la complicidad con los delincuentes y denunciaron que la policía libera las zonas para permitir los robos.

Ante esos reclamos y las denuncias por la responsabilidad del comisario, el gobierno rápidamente desvía la atención (como lo hacen todos los gobiernos cada vez que sucede un hecho que causa ese nivel de conmoción en la sociedad) para discutir la baja de edad de la imputabilidad, que tiene como objetivo, usando el dolor de la familia del chico asesinado, ocultar el eje de la discusión, es decir, la responsabilidad estatal en estos hechos. Según anunció el ministro de Justicia Garavano, el proyecto se trataría luego de las elecciones, pero no para discutir las causas del problema seriamente y consultando a la población, sino que lo mantendrán y usarán demagógicamente durante toda la campaña electoral para conseguir votos.

Al igual que con otros temas, la dirigencia miente. En primer lugar porque bajar la edad de imputabilidad no resolvería nada, simplemente porque el problema no son los menores. Según datos de UNICEF, en Argentina, al año, “para el 2009 se cometían 2000 homicidios dolosos. De esa cantidad, en 200 casos participan menores de 18 años. Y de esos 200, en 15 casos participaron menores de 16.” Se intentan instalar falsas verdades, encontrar culpables determinados, discursos xenófobos, en este caso los “jóvenes que matan”, en otro los migrantes de países limítrofes.

Actualmente se encarcela a menores de 16 años (por ej. el artículo 64 de la ley penal juvenil vigente de la Provincia de Buenos Aires permite detener a los menores que cometen delitos graves). Según la Comisión Provincial por la Memoria, “de los 620 adolescentes detenidos en institutos provinciales de menores, entre un 7 y un 10 por ciento que oscila, tienen entre 14 y 15, algunos llegan a 13”.

Los lugares donde son encerrados los menores funcionan, como cualquier cárcel, como depósitos de jóvenes expulsados por el sistema, expuestos a la violencia por parte del propio estado. Para ello basta constatar el estado deplorable en que se encuentran los centros de detención juveniles en la Ciudad de Buenos Aires donde se producen motines y muertes de decenas de jóvenes debido a las malas condiciones en que se encuentran detenidos. De todo ello la dirigencia no se hace responsable.

Se pretende esconder la discusión de un problema mucho más profundo que la edad en la que se pueden encarcelar a los pibes, el problema que esta dirigencia no quiere abordar es el de la desigualdad social que ellos generan día a día, y del sistema que fomentan: el de una sociedad dividida en clases donde pibes de 14, 15 o 16 años, a quienes se ha marginado, pibxs que han vivido en familias empobrecidas y que sienten que su vida no vale nada o que forman parte de “lo descartable” y de lo “encerrable” en la sociedad, y que encuentran como única alternativa para su vida agarrar un arma para salir a robar, como mano de obra de las redes mafiosas en connivencia con la policía, que no pueden funcionar sin el aval -por acción u omisión- de jueces, fiscales, etc.

Ocultan además, que este problema no se resuelve encerrando a los pibes cada vez más jóvenes, porque el problema es más profundo, parte de un sistema sostenido en la desigualdad, un mundo en el que 8 empresarios poseen la misma riqueza que el 50% de la población mundial, es decir 8 personas poseen lo mismo que 3.600 millones de personas, según el último informe de la ONG OXFAM.

Pero el verdadero problema no lo va resolver esta dirigencia, que en contraposición estudia cómo garantizarles cada vez mayor rentabilidad a los empresarios, cómo quitarles a unos y darles a otros, con recortes a los derechos laborales, o programas para precarizar aun más las condiciones en que se encuentran los millones de jóvenes que trabajan, donde casi el 60% está precarizado, el 18% está desocupado y cerca de 1 millón de jóvenes no estudian ni trabajan.

Como respuesta, el gobierno aplica programas para precarizar aun más el trabajo, como el convenio con Mc Donalds para que contrate jóvenes por $4500, por debajo del salario mínimo, y con subsidio estatal, o el programa “primer empleo” y el programa de pasantías propuestas por el ministro de trabajo Triaca, destinados a abaratar los costos laborales para los empresarios. Políticas con las que la dirigencia sindical es cómplice.
Esta dirigencia lo que toma son medidas para profundizar esa desigualdad y las condiciones de vida de los jóvenes. Al mismo tiempo se recortan gastos para la educación, donde solo en la Ciudad de Buenos Aires, casi 11.000 chicos no tienen lugar en la Escuela Pública, se precariza el trabajo docente, y se intenta despedir a 3000 trabajadores de la educación en todo el país.

No fueron inocentes las palabras del Ministro Esteban Bullrich ante los empresarios en el último Coloquio de IDEA en donde pidió que lo consideren “como un gerente de Recursos Humanos”.

Lo que la dirigencia política denomina Seguridad, no es otra cosa que la violencia social que genera como consecuencia de las políticas que ellos mismos aplican dirigida a garantizar la rentabilidad de unos pocos a costa del trabajo y el esfuerzo del pueblo trabajador del que millones de jóvenes forman parte. Sin un cambio profundo de esas relaciones sociales -peleando contra esta dirigencia política y sindical- no podrá encontrarse la solución al drama de la violencia social, donde un sector de la sociedad se ve expulsado del sistema y recurre a la delincuencia como único medio de vida, mientras se discute cómo meter a pibes cada vez más jóvenes a la cárcel, se premia y se perdona a los grandes evasores y especuladores, con blanqueos de capitales, y moratorias.
Esa es la pelea que se plantea a nivel mundial, pelea que dan los estudiantes chilenos, los jóvenes indignados en Francia, el Estado Español, Grecia y Estados Unidos, entre muchos otros lugares.

1) http://www.laizquierdadiario.com/En-Argentina-hay-mas-de-un-millon-de-jovenes-Nini