EMPRESARIOS QUE SE CONFIESAN CORRUPTOS ERAN HOMENAJEADOS EN EL 2005 POR DIPUTADOS
A raíz de los casos de corrupción vinculados a la obra pública que fueron una constante en las últimas décadas pero que toman relevancia en estos días, recordamos que en el año 2005 la Cámara de Diputados por unanimidad (FPV-PJ, UCR, ARI y diputados que hoy son del PRO, entre otros) pretendió homenajear a los empresarios de la construcción y Luis Zamora se opuso, denunciándolos, con datos, como una mafia negrera. Esta fue la denuncia…
Buenos Aires, 1º de diciembre de 2005
Señor Presidente
Cámara de Diputados de la Nación
Diputado Eduardo Camaño
Me dirijo a Ud. a efectos de formular Observación al Orden del Día Nº 3355/05 que contiene el dictamen de la Comisión de Industria por el que se aconseja declarar “de interés de la Honorable Cámara la 53ª Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción, a realizarse el 22 de noviembre de 2005 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
El Informe hace suyos los fundamentos del proyecto cuya aprobación se aconseja. En ellos se expresa que la Cámara empresaria citada tiene “68 años de historia”, que “tiene por objeto propender al desarrollo armónico de la industria de la construcción y colaborar con los poderes públicos y entidades privadas en todo cuanto contribuya al progreso de la actividad de la construcción”, y que se propicia esta declaración en relación al Encuentro Anual organizado por la Cámara Argentina de la Construcción “dada la trascendencia de este evento y el propósito que lo impulsa, dirigido a la discusión y el debate de ideas para proyectar el desarrollo de nuestro país…”.
Al respecto es del caso destacar que en el evento citado el ahora ex – ministro de Economía, Roberto Lavagna, denunció que “Hay un cierto grado de cartelización entre las empresas que construyen las obras públicas que hace el Estado, con los sobrecostos que ello implica”. Y “puso como ejemplo el mantenimiento de las rutas: ‘El caso de Vialidad es bien conocido por ustedes y saben que está siendo investigado por Defensa de la Competencia e incluso por el Banco Mundial”. (Candelaria de la Sota; “Lavagna denunció sobrecostos y cartelización en la obra pública”, Clarín, 23 de Noviembre de 2005). La cronista agrega que Lavagna “denunció que algunas empresas se ponen de acuerdo para cobrarles sobreprecios al Estado a la hora de hacer obras públicas”. (Clarín, edic. citada; ver también Página/12: “Piratas del Asfalto”, 23 de Noviembre de 2005).
Vale recurrir a un artículo publicado en el matutino oficialista Página/12 y por lo tanto incuestionable de ser tachado de tendencioso por el gobierno nacional, por el autor del proyecto y por el bloque Justicialista. En él su autor señala que “El retiro del Estado como constructor (en los ’70) y las facilidades otorgadas a un puñado de grupos económicos para hacerse del negocio cumplieron solo en la ficción con la prometida mejora en la eficiencia y la reducción de costos que se esperaba del accionar privado. Una rentabilidad envidiada por los demás sectores económicos y la constante renegociación de contratos por ‘mayores costos’ pasaron a ser la tónica dominante en el negocio de la ‘patria contratista’. Un negocio en provecho propio y con rendimiento negativo para el resto”. (“Origen de un privilegio socialmente muy costoso”, Raúl Dellatorre, Página/12, 23 de noviembre de 2005).
En el artículo se asegura que “El elevado grado de cartelización en la obra pública es fácilmente comprobable, tanto por la corta lista de concesionarios y contratistas, como por la forma en que ese puñado de empresas se ligan entre sí conformando consorcios que, en unas licitaciones los encuentra como rivales y, en otras, como socios”. En cuanto a la conducta monopólica, aunque la considera más difícil, también se podría demostrar a poco de “verificar que tal condición de ‘exclusividad’ del grupo de contratistas es aprovechada para inflar los precios que le cobran al Estado”.
Se recuerda asimismo que “El problema no es nuevo ni nació con las privatizaciones de los 90. Ya durante la última dictadura militar y luego con el gobierno de Alfonsín, se favoreció a un puñado de empresas que se quedaron con las principales obras públicas. De ahí en adelante el selecto ‘club’ pasó a gozar de la exclusividad del negocio”. Con las privatizaciones concentraron la actividad en pocas manos y se garantizaron un nivel de rentabilidad fabuloso.
En efecto, “Mientras el conjunto de los servicios privatizados obtuvo rentas sobre el patrimonio propio del 15,4 por ciento en promedio entre 1994 y 1999, los contratistas de rutas lograron el 25,8 con un pico de 40,3 por ciento en 1994. En promedio, las 100 empresas más grandes del país obtenían en el mismo período una rentabilidad promedio del 3,4 por ciento” (Página/122, artículo referido con cita de una investigación de FLACSO en este último punto). Entre los nombres más conocidos integrantes de esta “patria contratista” el articulista cita a “Roggio, Macri, Perales Aguiar, Dycasa y Techint” (destacado nuestro). Vale precisar que Roggio es el actual vicepresidente de la Cámara Argentina de la Construcción.
Me estoy refiriendo solamente a algunos hitos de esos “68 años” de la institución que se pretende homenajear con este dictamen. Para nosotros se trata de una trayectoria nefasta y rechazamos la valoración de los autores del dictamen.
Dentro de esos “68 años” está el apoyo de las principales empresas de la Cámara Argentina de la Construcción a la dictadura militar y a la política económica de Martínez de Hoz, política de la que se beneficiaron abiertamente los principales integrantes y dirigentes de esa Cámara. No solo se beneficiaron con la dictadura operando como “patria contratista” (recuérdese, por ej., las obras públicas durante la gestión del intendente Cacciatore y el fabuloso negocio realizado con las autopistas y luego con la estafa de la llamada AUSA (Autopistas Urbanas Sociedad Anónima), una coalición transitoria de las empresas de la construcción que pidieron créditos externos para la construcción de las autopistas y luego le dejaron la deuda externa de AUSA a la entonces Municipalidad de Buenos Aires que a su vez se la cargó al Estado. Es decir, al pueblo.
Por supuesto, para las empresas que integran la Cámara organizadora del “evento” que se quiere reivindicar quedaron las ganancias formidables derivadas del fraude descrito.
Pero no solo lo hicieron desde AUSA. La mayoría de los grupos empresarios descritos serán ubicados en cualquier lista de los que contrajeron deuda externa durante la dictadura militar mientras que esta posibilitaba esos grandes negociados secuestrando, torturando y asesinando a miles de habitantes de este país (puede verse Acevedo, Basualdo, Khavisse: “¿Quién es quién? Los dueños del poder económico – Argentina 1973–1987” y de Aspiazu, Basualdo, Khavisse: “El nuevo Poder Económico en la Argentina de los años 80”, entre otras obras).
No parece abundante reiterar que es parte también de la deuda externa luego estatizada y que Alfonsín, Menem, de La Rúa, Duhalde y Kirchner le impusieron al pueblo pagarla hasta hoy con pobreza, desocupación, indigencia, explotación y exclusión.
¿Será este el “desarrollo armónico de la industria de la construcción” al que se refiere el dictamen y el proyecto del diputado Varizat?
A mayor abundamiento y siempre teniendo en cuenta los “68 años” reivindicados no puede dejar de señalarse en este breve recorrido el asalto de las empresas de la construcción al patrimonio público durante la “segunda década infame”, es decir la “menemista”, la que protagonizara el mismo partido Justicialista del autor del proyecto y de algunos de los firmantes del dictamen. Me refiero al negociado del peaje.
Se dirá que no estuvo sola la Cámara Argentina de la Construcción. Es verdad; la acompañaron la Unión Argentina de la Construcción y la Cámara Argentina de Empresas Viales. Pero actuaron juntos tanto que formaron lo que vulgarmente se conoce como el “Club del Peaje”, una verdadera asociación ilícita que tuvo como objetivo repartirse el fabuloso negocio de apropiarse de las rutas nacionales más adecuadas para lucrar con ellas a través de cobrar por su uso al que necesitara transitarlas. O sea el Peaje.
Para ello transformaron las licitaciones en una formalidad para encubrir el asalto. Se pusieron de acuerdo previamente distribuyéndose la mayor cantidad de kilómetros entre las mayores contratistas (Roggio, Macri, Techint) y luego prorratearon el resto sin dejar a nadie afuera para así evitar impugnaciones a las licitaciones. Las empresas: Benito Roggio, Grupo Macri, Techint, Perales Aguiar, Dycasa, Aragón, Supercemento, entre otras.
Fue tan escandalosa la adjudicación organizada por las empresas e instrumentada por Menem y Dromi que el mismo Menem, con Cavallo (que además necesitaba establecer otras pautas que se adecuaran a su plan de “convertibilidad”), modificó las condiciones de aquella. En el decreto respectivo se habló de “exacción ilegítima”, tarifas abusivas y desproporcionadas al servicio y a las inversiones por parte de las empresas adjudicatarias que como vimos son algunas de las que integran la Cámara organizadora del evento que me ocupa.
Las modificaciones terminaron en una nueva maniobra producto de la inescrupulosidad de los funcionarios y de las presiones y amenazas de los empresarios. Se redujeron las tarifas pero a cambio se eliminó el canon y se lo reemplazó por… ¡un subsidio!. Claro, en el medio, a veces de un lado del mostrador como empresario, otras del otro como funcionario y luego como miembro de la Corte, siempre representando el interés de las empresas estuvo Rodolfo Barra, viejo conocido del Partido Justicialista al que pertenece el autor del proyecto y varios de los que firman el dictamen. (ver Horacio Verbitsky, “Robo para la Corona – Los frutos prohibidos del árbol de la corrupción”).
En cuanto al devenir posterior del negocio del peaje cuyas rutas están plagadas de accidentes con muertos y heridos producto de la inescrupulosidad empresaria y la complicidad política solo puede agregarse que “la trasferencia a los usuarios del financiamiento del mantenimiento de las rutas nacionales (bajo el sistema ‘el que usa paga’), con la consiguiente privatización no sólo de la construcción y el mantenimiento vial sino también de la administración de los fondos viales, conllevó costos sociales y fiscales absolutamente desproporcionados frente a los magros resultados obtenidos tanto en términos de la incorporación de nuevas rutas como en lo que respecta al estado general de la red vial nacional en su conjunto” (Daniel Aspiazu, “Las privatizaciones en Argentina”).
Pero no fue el único peaje que los vinculó. Existió otro: el pago de coimas para obtener el negocio en las condiciones fijadas por las empresas en cuestión.
Peaje para lograr el Peaje.
Podemos recurrir a otra fuente: la de Guillermo Laura, quien fuera funcionario de Cacciatore durante el régimen militar y luego presidente de Autopistas del Sol, adjudicataria de la concesión en la Panamericana.
Laura denuncia que “para lograr la adjudicación (se refiere a la de los corredores nacionales), las empresas se comprometieron a pagar 5.000.000 de dólares de soborno al ministro de Obras Públicas, Dr. Roberto Dromi. Perales fue la persona encargada de recaudar el dinero y entregárselo a Dromi. El dinero era aportado por todas las empresas beneficiarias en proporciones que desconozco, aunque lo habitual era que aportaran en porcentajes proporcionales a los beneficios ilícitos que obtenían” (Guillermo Laura, “10.000 Km. de autopistas por 10 centavos”).
Además de la denuncia explícita obsÉrvese la expresión “lo habitual” -sin destacar en el original-, lo que habla de que no solo se apeló al “retorno” en esta ocasión.
Por lo pronto el mismo autor también denuncia que en el caso de los Accesos a la Cuidad de Buenos Aires el proyecto para su privatización “fue presentado por un grupo de empresas lideradas por Techint, durante el gobierno radical”. Laura indica que “estaba interiorizado de lo que ocurría” ya que él era el autor del Proyecto denominado RAM (Red de Accesos Metropolitanos). “A partir de 1990, se le da impulso y el 28 de diciembre de 1990 el consorcio de empresas (muchas de las organizadoras del evento que se pretende reivindicar en este dictamen, agregamos) pagó un soborno de 2.000.000 de dólares al Dr. Roberto Dromi, ministro de Obras Públicas, por la preadjudicación que se dictó en los expedientes de iniciativa privada 40.154/89 y 25.599/89. El encargado de recolectar el aporte entre las distintas empresas fue el Ing. Eduardo Baglietto, director ejecutivo de Techint, que era la empresa líder del consorcio”. Laura recuerda que luego el Ing. Baglietto presidió la Cámara Argentina de la Construcción en parte de los “68 años” que se reivindican como trayectoria a reconocer en este dictamen (Guillermo Laura, obra citada).
Podríamos abundar en muchísimos ejemplos más. ¿Es necesario? ¿Es necesario aludir a Petroquímica Bahía Blanca? ¿De cómo la ampliación de la obra pasó del grupo SADE al grupo Lummus-Techint? ¿Del rol en aquel entonces de José Luis Manzano, el mismo que fue presidente del Bloque Justicialista y luego ministro del Interior del gobierno del mismo partido?. O en todo caso remitirnos a varias obras de donde surge el “valioso aporte de la patria contratista” al país y su pueblo (ver por ej. Daniel Capalbo y Gabriel Pandolfo, “Todo tiene precio – Biografía no autorizada de José Luis Manzano”).
¿Surge de este indignante derrotero someramente descripto alguna coincidencia con los objetivos que se invocan para homenajear a la “Cámara” en cuestión? ¿De la misma que se dice “tiene por objeto propender al desarrollo armónico de la industria de la construcción y colaborar con los poderes públicos y entidades privadas en todo cuanto contribuya al progreso de la actividad de la construcción”?
Evidentemente la “Cámara” entiende la “colaboración con los poderes públicos” de una forma distinta; más cercana a la de enriquecerse y lucrar mediante “los poderes públicos” y para ello sin fijarse en los medios a utilizar.
Este aspecto puede también relacionarse con una de las causas por las que la Argentina actual encuentra a una gran parte de su población en dificilísimas, o en casos desesperantes, condiciones de vida.
Me refiero a la fuga de capitales en los últimos treinta años, uno de los canales por los que se robaron del país el resultado del esfuerzo del pueblo trabajador. Estamos hablando de alrededor de 120.000 millones de dólares. Al decir de Eduardo Di Cola, presidente de la Comisión Especial Investigadora sobre la Fuga de Divisas, de la Cámara de Diputados, reafirmando lo que nosotros, y otros muchos, ya hemos demostrado en numerosas oportunidades, “Las conclusiones de la Comisión permiten estimar que por cada dólar que se computa de deuda externa le corresponde 90 centavos de otro dólar que se produjo en el país y ya no está en nuestra economía” (Comisión Especial de la Cámara de Diputados 2001, “Fuga de Divisas en la Argentina – Informe Final”).
La Comisión –recordamos que con nuestra opinión en contra- se dedicó a investigar la fuga producida solamente durante el año 2001. Pero allí encontraremos nuevamente a muchos de los integrantes de la Cámara Argentina de la Construcción cuyo evento se pretende distinguir.
En efecto Benito Roggio e hijo, Roggio S.A., Techint, SOCMA Inversora y Americana S.A., Pluspetrol, SIDERCA S.A.I.C., SIDECO, SIDERAR, etc. figuran también en los listados con sumas de varios millones o de decenas de millones de dólares fugados o saqueados al país y al pueblo que produjo con su trabajo esa riqueza depositada ahora en el exterior. Los dólares utilizados para la fuga formaron parte de los préstamos pedidos por el gobierno de la Rúa pero que ahora se le imponen pagar también al pueblo a costa de sus deplorables condiciones de vida actual.
En la barbarie del capitalismo solo representantes empresarios pueden homenajear a quienes se benefician con esa barbarie. No a quienes dicen ser representantes del pueblo. Pero no hemos querido quedarnos con afirmaciones generales que son válidas para cualquier explotador del mundo. Por ello no solo nos referimos específicamente a los grupos empresarios que mandan en el país -de similar prontuario a los de la construcción- sino que aludimos a datos específicos que caracterizan la trayectoria de los que integran la Cámara Argentina de la Construcción en tanto es la organizadora del evento indicado.
Por último pero quizás el fundamento más importante de esta Observación está menos en los libros e investigaciones pero más en la sufrida vida de los trabajadores de la construcción -y en el conocimiento de quien esto suscribe que ha tenido el privilegio de apoyar y haber compartido estrechamente muchas de las luchas de los obreros de la construcción- las condiciones de explotación que les permite a los empresarios, cuya asociación y eventos se distinguen en este dictamen, acumular las enormes ganancias ya descritas. Numerosos trabajadores en negro, jornadas agobiantes de trabajo, salarios miserables, vida en gamelas inhumanas, una vida en constante riesgo, expuestos a enfermedades o a perder la vida en accidentes generalmente responsabilidad del afán de lucro patronal, de obra en obra, de provincia en provincia y muchas veces a enormes distancias de sus familias y afectos marcan la otra cara de los pulpos empresarios y de sus “68 años de historia”.
Porque allí están el Chocón, Yacyretá, Piedra del Aguila, el Polo Petroquímico, Galerías Pacífico y tantas y tantas obras más; las grandes y las pequeñas. Y con esas obras también hay grandes y pequeñas luchas; la única “historia” que vale recordar. Luchas heroicas que enfrentaron a los patrones y a los gobiernos y funcionarios que no dudan en alinearse con el interés empresario. Luchas contra la mayoría de sus propios dirigentes sindicales que no han dudado en traicionar uno tras otro de esos combates obreros a la par que también se enriquecían con las importantes migajas que caían de la mesa empresaria.
Una HISTORIA que merece escribirse con mayúsculas. Pero esta. No la otra.
La otra es de explotación, de corrupción y de saqueo de las riquezas del país. Aunque el presidente Kirchner -en el mismo evento que se pretende homenajear- haya elogiado a la patronal cuya trayectoria hemos detallado “por su responsabilidad y experiencia” y a los que les señaló “Uds. forman parte de la columna vertebral del país” (Clarín, 23 de noviembre de 2005).
Otro dato más para ver hacia donde vamos. Al mismo lugar del que venimos.
Si el pueblo, claro está, no dice otra cosa.
Presento esta Observación de acuerdo a las disposiciones del artículo 113 del Reglamento de esta Cámara sin perjuicio de ampliar las razones de la misma en el recinto con motivo del debate pertinente.
Dejamos constancia de la presente observación en los términos reglamentarios fijados.
Luis F. Zamora
Autodeterminación y Libertad