EXPLOTACIÓN EN TALLERES CLANDESTINOS
* Por Sebastián Blanchard (integrante de Autodeterminación y Libertad)
La muerte de Orlando y Rodrigo Camacho, los dos nenes de siete y diez años que murieron atrapados en un incendio dentro de una casona de Flores en donde funcionaba un taller clandestino, es una muestra más de las condiciones de súper explotación en que viven miles de personas en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.
Este caso se suma a otros hechos dramáticos de años anteriores. En el año 2006 en una casa del barrio de Flores en la que funcionaba un taller textil clandestino, seis personas, cuatro de ellos menores de edad, murieron calcinados a causa también de un incendio.
Ese hecho fue uno de los primeros en sacar a la luz lo que miles de trabajadores textiles ya sabían y denunciaban desde hace años, que es la existencia de talleres textiles clandestinos en los cuales trabajan y viven en condiciones de esclavitud familias enteras, en su mayoría inmigrantes, hacinados, encerrados, con una absoluta falta de higiene y seguridad y contrayendo enfermedades como la tuberculosis.
Otro de los casos que reveló lo trágico de este perverso sistema fue el de una trabajadora de la empresa textil Elemento, quien sufrió graves heridas al prenderse fuego en reclamo de mejores condiciones laborales y para que se respeten sus derechos por parte de la patronal, según denunciaron sus compañeros en el año 2013. Esos son algunos de los casos que más trascendieron, pero a su vez se dan cientos de otros que no se conocieron públicamente.
Detrás de los muros de esos talleres se mantiene a la gente hacinada, explotada, mal alimentada y peor paga, (donde cada trabajador cobra entre tres y cinco pesos por prenda terminada que luego se vende en cifras que multiplican por mil veces el valor que recibe). Los trabajadores son sometidos a condiciones de encierro y esclavitud para realizar su trabajo sin la menor existencia o respeto a derecho alguno, inclusive se les retienen los documentos de identidad y la jornada dura entre 14 y 16 horas durante seis días a la semana.
Esta forma de producción, que funciona con la indispensable complicidad de los gobiernos y la justicia, es la fuente que sustenta las enormes ganancias que obtiene la industria textil, principalmente de las grandes marcas de indumentaria, que mientras gastan miles de pesos en publicidad y sus prendas se venden a elevados costos en locales que alquilan por miles de pesos al mes, tienen asegurados enormes márgenes de ganancias tercerizando su fabricación en estos talleres.
Según las cifras que maneja la ONG La Alameda, en la Ciudad de Buenos Aires funcionan alrededor de 300 talleres clandestinos en donde trabajan en condiciones de esclavitud aproximadamente 30.000 personas, en su mayoría inmigrantes provenientes de Bolivia.Todo este engranaje de desidia y complicidad está puesto al servicio de las enormes ganancias empresarias concentradas en pocas manos
A partir de los ’90, la industria textil recurrió a la tercerización, como forma de abaratar los costos. Hoy, casi el 80% de la producción textil proviene del trabajo esclavo. La tercerización en esta industria llega a tal punto que la mayoría de las marcas concentran solo algunas tareas, como el diseño, la imagen, la comercialización, y tercerizan la mayor parte de la producción -corte, costura, armado, estampado, bordado- en talleres clandestinos.
Mientras, el pro, el kirchnerismo y la justicia se pasan la pelota a ver quién debe hacerse cargo, quién tiene o no competencia o potestad para realizar controles, etc. Lo cierto es que todos ellos son responsables de que este engranaje de explotación funcione.
El macrismo, a través de las coimas que reciben los inspectores -al igual que sucedió en el incendio de Iron Mountain en Barracas donde murieron diez personas- permite que sigan funcionando este tipo de lugares que son sistemáticamente denunciados por los vecinos de las zonas donde funcionan, como también por diversas organizaciones sociales, aunque eso parece no bastar para que los funcionarios intervengan. También el Gobierno Nacional, ya que las empresas de indumentaria reciben enormes subsidios sin ningún tipo de control; el Ministerio de Trabajo que no realiza ninguna acción para combatir esta situación, y por otra parte se debe recordar que el Estado es el principal precarizador laboral, y que los sindicatos jamás salieron públicamente a condenar las explotación a las que están sometidos esos trabajadores ni a reclamar ni siquiera por una regularización de la actividad.
El Gobierno provincial también forma parte del problema. Muchos de los talleres denunciados que también funcionan en el conurbano bonaerense, abastecen directamente al mercado de La Salada, en donde Castillo, el mandamás de la feria, mantiene una cercana relación con funcionarios del gobierno nacional, y se ufana de ser amigo íntimo del ex secretario de Comercio Guillermo Moreno, y hasta llegó a formar parte de la comitiva que viajó con la presidenta a Angola para venderle productos a la dictadura que gobierna ese país hace treinta años. Para Oyarbide, el sistema de explotación esclavista que nutre las ganancias de las grandes marcas, que arruina la salud de miles de costureras y costureros, es producto de “costumbres y pautas culturales de los pueblos originarios del Altiplano boliviano”.
Todo ello a expensas de la explotación y la necesidad de miles de personas. En La Salada, mientras de vez en cuando se realizan teatrales operativos en donde el hilo siempre se corta por el lado más fino, los principales apuntados son los puesteros que no arreglan protección con las mafias y barrabravas que manejan el negocio.
Por otra parte, está claro que todo eso no podría funcionar de la forma en que lo hace sin contar con la complicidad de la justicia tanto de la ciudad como federal, que a pesar de las denuncias realizadas solo unos 200 casos llegaron a judicializarse, siempre y cuando no se pierdan en la burocracia de los juzgados, concluyendo muchas veces en la prescripción de las causas.
Todo este engranaje de desidia y complicidad está puesto al servicio de las enormes ganancias empresarias concentradas en pocas manos, que en muchos casos sus dueños ni siquiera se sostienen directamente del negocio textil y venta de ropa sino que ingresan a ese mercado para blanquear el capital proveniente de otras actividades.
En uno de los casos que llegó a la justicia, el juez Oyarbide sobreseyó a tres directivos de la firma Soho -que por la pelea de sus trabajadores lograron quedarse con el control de la fábrica formando una cooperativa el año pasado- denunciados de contratar talleres clandestinos, en los cuales se comprobó que sus trabajadores estaban reducidos a la servidumbre.
Para Oyarbide, el sistema de explotación esclavista que nutre las ganancias de las grandes marcas, que arruina la salud de miles de costureras y costureros, es producto de “costumbres y pautas culturales de los pueblos originarios del Altiplano boliviano”.
Por otra parte, qué mejor ejemplo para demostrar la connivencia de los gobernantes con este sistema de explotación que el de Juliana Awada, la esposa de Macri, dueña de la empresa Cheeky, denunciada por fabricar sus productos en talleres clandestinos.
En enero del 2007, durante el gobierno de Telerman, se allanaron algunos talleres vinculados a la familia Awada y se constató que allí había trabajo esclavo, pero luego los dueños fueron sobreseídos por el entonces juez federal Guillermo Montenegro, hoy ministro de Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
En el 2012, a raíz de filmaciones realizadas por La Alameda, se probó la reducción a la servidumbre y el hacinamiento en que se encontraban 13 costureros en el barrio de Mataderos, en un taller donde se producía exclusivamente para la marca propiedad de Awada. Los trabajadores no podían salir a la calle, si lo hacían tenían que dejar su documentación. Dormían en camas cuchetas que también era el lugar donde comían ya que no había sillas ni mesas. En ese espacio reducido también estaban encerrados los niños de los costureros. Fue denunciada por reducción a la servidumbre, evasión fiscal, violación a la ley de migraciones y violación a la ley de trabajo a domicilio. Hoy está procesado el cuñado de Macri por esos hechos.
En el caso del taller que se incendió el lunes, donde fallecieron dos hijos de inmigrantes bolivianos, su existencia estaba denunciada por “trata de personas” desde septiembre de 2014. La respuesta de la subsecretaría, en noviembre último, fue que la repartición “no registra inspecciones” hechas en ese domicilio. Por lo tanto, desconocía si existía o no trata de personas con fines de explotación laboral. Tampoco mandó inspecciones con posterioridad para verificarlo. Ante la nula respuesta del macrismo, la semana pasada sucedió la catástrofe donde murieron los dos chicos.
Luego de eso Vidal y Larreta no se privaron de desfilar por todos los medios el día posterior al festejo por las PASO, no se cansaron de dar excusas y justificaciones de todo tipo para sacarse la responsabilidad por esas muertes, como ya sucedió en otras oportunidades anteriores, y a los pocos días se produjo un nuevo incendio en ese inmueble, con la clara intención de eliminar las pruebas que había allí.
Es indispensable combatir y atacar la raíz del problema, que es el origen mismo de su funcionamiento. Cuando las ganancias de unos pocos valen más que la vida de las personas que la producen, a ese sistema no le importa exprimir y aprovecharse de las necesidad de miles de personas con tal de mantener su rentabilidad, y cuenta con la complicidad de todas las instituciones -gobierno, policía, justicia y la legislatura-. El macrismo dicta todas las leyes con el apoyo del kirchnerismo, y no han hecho nada para cambiar la situación de super-explotación en que viven miles trabajadores en la Ciudad sino todo lo contrario, la han fomentado.
Es urgente pelear por otro tipo de sociedad donde la vida de muchos no sea considerada como una mercancía al servicio de las ganancias de unos pocos!